<I>Dependencia y sociedad del bienestar</I>
En más de un millón de hogares españoles se necesita ayuda externa para realizar las labores domésticas.
Hemos sabido que el PP pretende aprobar este año la nueva normativa del seguro de dependencia y la reforma de la Ley de Pensiones Privadas. No sabemos cuál será la orientación del proyecto gubernamental sobre la primera de esas leyes ni hacia qué plano (público-privado) se inclinará, pero abordar ese debate desde ahora resulta imprescindible.
También aquí, los demás países europeos nos llevan una ventaja considerable. Los nórdicos, por ejemplo, tienen reconocidos los servicios de asistencia domiciliaria a los dependientes, no sólo a través de una red, local generalmente, de servicios públicos coordinados con la asistencia sanitaria, sino que en algunos casos tales servicios corresponden a derechos subjetivos de los ciudadanos, reconocidos por las disposiciones legales correspondientes.
Los alemanes han incluido este servicio en el sistema de prestaciones de la Seguridad Social, a través de una pensión correlativa al grado de dependencia que previamente establece un tribunal médico. El dependiente contrata así en el mercado el servicio de ayuda que necesita.
En España, el panorama es preocupante. De 1.300.000 personas que necesitan cuidados (900.000 cuidados informales y 400.000 servicios sociosanitarios), sólo están recibiendo algún tipo de ayuda exterior aproximadamente 250.000 personas, menos del 25% de la población dependiente. Todos sabemos quién hace el resto. Tienen nombres y apellidos de mujer. Son las esposas, madres, hijas, hermanas y nueras de nuestros viejos.
Marcel Proust dijo que "a veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas". Efectivamente, siempre se puede empeorar. El envejecimiento de la población mayor española resulta escalofriante a estos efectos.
Nuestra baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida nos llevarán a tener 8,6 millones de mayores de 65 años en el año 2025. La población mayor de 80 años se ha duplicado en los últimos 20 años y volverá a duplicarse en los próximos 10, superando así la cifra de dos millones, algo más de 5% de la población.
La atención a los dependientes es una de las lagunas más notorias de la sociedad española del bienestar. Más de un millón de hogares necesita labores domésticas que sus habitantes no pueden realizar. Más de un millón de personas tienen que ser acompañadas para salir a la calle, para ser atendidas sanitariamente, para dormir, para vivir, en suma.
No es sólo una cuestión de justicia social. Es también una necesidad perentoria de política de igualdad para que las mujeres de la familia puedan trabajar fuera y, si ya lo hacen, librarse de esa segunda jornada laboral que las explota y estresa. Pero es que además, en la atención a los hogares dependientes, está el yacimiento de empleo más importante de nuestra sociedad. Nuestra tasa de empleo en servicios sociales comunitarios es la más baja de Europa (salvando Grecia y Portugal). La baja tasa de actividad laboral española tiene en la dependencia, en la ayuda al hogar de los dependientes mejor diríamos, la mejor oportunidad de acercamiento a los índices europeos.
Expuesta la necesidad, abordemos ahora el cómo. Si el Gobierno se limita a regular la entrada del seguro privado en este mercado, ya sabemos quién podrá concertar un servicio o una pensión de dependencia en el futuro. Sobre todo ya sabemos quiénes y cuántos, aproximadamente, quedarán desamparados de cualquier servicio de atención a su posible dependencia. Más del 80% de la población laboral española no puede concertar hoy, con sus rentas, un seguro suficiente de estas características.
La cobertura voluntaria de la dependencia, bien a través de seguros privados o mediante mutualidades derivadas de negociación colectiva, debe estimularse como una opción libre de los usuarios y como una forma de favorecer la iniciativa privada en la provisión de estas necesidades. Pero deberá ser una cobertura complementaria a una red y a una estructura pública de servicios básicos y universales financiada desde la fiscalidad general y gestionada desde las comunidades autónomas y los poderes locales.
Esa red no existe y hay que crearla. Debe estar concertada y planificada en colaboración con la política sanitaria y el sistema público de salud con el fin de atender la prevención, el tratamiento y la asistencia de las patologías que derivan o constituyen las situaciones de dependencia.
Hace dos meses, el PSOE presentó a las Cortes una proposición sobre protección social a las personas dependientes, pidiendo al Gobierno que elabore una ley básica estableciendo los beneficios, las prestaciones, los servicios de este nuevo derecho de asistencia social a las situaciones de dependencia. Que lo haga en coordinación con las comunidades autónomas y que planifique al resto de la legislatura (hasta 2004) el avance de la red básica de servicios sociales para ir mejorando el servicio de ayuda a domicilio, el de teleasistencia, las residencias, etcétera, a través de una habilitación presupuestaria que permita cubrir esos objetivos.
La Fundación Encuentro presentaba hace poco un magnífico informe reclamando la atención de este servicio en la sociedad española del bienestar.
Que no nos engañen. Abrir al negocio asegurador español la dependencia no es resolver este gravísimo problema de nuestro país. Planificar una política integral para la dependencia es mucho más, y todavía estamos esperando al Gobierno, como a Godot.