<I>Internet seguro </I>

Para que el mercado electrónico sea realmente global se necesita un entorno legislativo que resuelva dudas sobre seguridad y privacidad.

Las tecnologías de la información y de la comunicación son un arma eficaz en la batalla por el empleo y el crecimiento. Por ello los Estados desean que sean accesibles para todos, y tienen en su punto de mira medidas como el acceso universal a Internet, al que me referí en mi artículo anterior en Cinco Días el pasado 29 de mayo. Pero su tarea no acaba ahí.

Los Estados tienen también un papel regulador. Establecen las reglas de juego y hacen que éstas se cumplan, algo fundamental en el campo crítico de la seguridad, que es el tema al que hoy voy a referirme. Además, tienen que ser catalizadores, sensibilizando a sus ciudadanos y a las empresas para que asuman las nuevas tecnologías y jueguen también el papel de actores en el proceso, modernizando su propio funcionamiento y las relaciones entre los usuarios y los servicios públicos.

El que el uso de las tecnologías y de las redes de información sea seguro es un aspecto clave en el desarrollo de Internet, ya que, al ser és-ta una red abierta, es inevitable que entre sus usuarios se genere una sensación de inseguridad. æpermil;stos no saben adónde van a parar los datos que introducen, y sí conocen, sin embargo, que los medios de espionaje electrónico es-tán hoy muy desarrollados.

Las comunicaciones cifradas (encriptadas, se dice ahora tras una mala traducción que nos lleva a pensar que se estuviera colocando algo en una cripta) son una respuesta eficaz para proteger la confidencialidad de los datos y la vida privada, y algunas empresas españolas han sido pioneras en Europa al implantar los procesos más avanzados de cifrado, o de encriptación, una vez que se liberalizaron en EE UU y dejaron de ser una tecnología de uso restringido por razones de seguridad nacional.

Pero en esa lucha por la seguridad también de-ben estar los Estados, favoreciendo la encriptación de uso libre y en los umbrales más altos, pues para luchar contra acciones criminales hay alternativas más eficaces que prohibir o limitar su uso por los privados, o adaptando los códigos civiles para que, con todas las garantías necesarias, un documento con formato digital y las firmas electrónicas tengan valor de prueba. Y todo ello dentro de su papel de reguladores, obligados a impulsar y garantizar un uso seguro de Internet.

En España se tramita des-de hace meses una futura Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que todavía ni ha llegado al Parlamento, y también nos han anunciado una ley sobre firma electrónica que debe sustituir al apresurado Real Decreto-Ley 14/1999, que nos puso nominalmente en la vanguardia de la modernidad, pero para nada, ya que la firma electrónica es en la práctica española una desconocida, excepto en el ámbito de la Agencia Tributaria.

La falta de seguridad, seguramente presunta, de las transacciones y de los medios de pago electrónicos es uno de los lastres para el crecimiento del comercio electrónico, junto con la validez y respaldo legal de las transacciones y contratos sin papel. Para que el mercado electrónico sea realmente global se necesita un entorno legal que resuelva adecuadamente las dudas sobre seguridad y privacidad, la validez legal de los documentos comerciales electrónicos o los derechos de propiedad.

A las tarjetas de crédito se les reserva el papel de ser el cordón umbilical del sistema. Son las que permitirán desarrollar los negocios online, al menos hasta que se popularicen los sistemas de pago con teléfonos móviles, y más ahora, cuando tanto se habla de empezar a cobrar por casi todo en Internet.

Hay una tarea pendiente, y es una tarea urgente: consolidar la cultura del Internet seguro. La otra cara de la moneda es nuestro comercio electrónico actual, raquítico, y ver cómo la dama negra maneja a destajo la guadaña entre las empresas españolas dedicadas al B2C, al comercio entre empresas y consumidores.