El fiscal pide 17 años de cárcel para Jesús Gil por apropiación indebida
El fiscal del caso Atlético ha solicitado en sus conclusiones provisionales 17 años y seis meses de prisión para Jesús Gil por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y otorgamiento de contratos simulados. También solicita 10 años de cárcel para el hijo de Gil y director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel, y seis años para el vicepresidente del club, Enrique Cerezo. Además propone que las acciones del Atlético, propiedad de Gil y Cerezo, sean subastadas.
El fiscal Anticorrupción, Carlos Castresana, explica en sus conclusiones provisionales que Jesús Gil, alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, cometió varias irregularidades en la gestión del club desde que asumiera su dirección en 1987. Para cometerlas se valió de la colaboración del vicepresidente del club, Enrique Cerezo, y de su hijo Miguel Ángel Gil Marín, actual director general.
En total pide 33 años de cárcel para los tres acusados, además de una indemnización para el club de 4.000 millones. El fiscal estima que "las 236.279 acciones del Atlético registradas a nombre de Jesús Gil, Cerezo y Promotora Inmobiliaria Alhambra -propiedad de Gil- deberán ser vendidas en pública subasta y adjudicadas al mejor postor, destinándose el precio obtenido a incorporar al haber social del club, como indemnización, por el concepto de desembolso del capital social, el importe de 1.959 millones".
Castresana relata en su escrito que cuando Gil accedió al Atlético "se propuso hacer suyo sin pagar nada el patrimonio de la entidad que pertenecía a los socios". Añade que para eludir los compromisos realizados ante el Consejo Superior de Deportes de no aumentar el endeudamiento del club, comenzó a "desviar los flujos económicos de ingresos y pagos" a cuentas suyas o de sociedades de su propiedad. Negó información a los socios, permaneció ilegítimamente en el cargo y mantuvo al club sin contabilidad aprobada durante todo su mandato.
Jesús Gil, según el fiscal, adquirió el 95% de las acciones del club cuando se transformó en sociedad anónima. En septiembre de 1991 se celebró una asamblea general en la que "los acusados facilitaron información inveraz proponiendo a los socios el reconocimiento de la inexistente deuda del club con su presidente", que ascendía a 1.987 millones. También se aprobó que la forma de pago de esta deuda inexistente, según el fiscal, sería mediante un canje de acciones del club. Así Gil se hizo con el club sin ningún desembolso real. El único capital ingresado por la adquisición de acciones fue el aportado por los socios del club. Los 112 millones que ingresaron fueron traspasados a una cuenta de Gil, según el fiscal.
Para ocultar y compensar contablemente la falta de desembolso del capital social, Gil y Cerezo, sigue explicando el fiscal, incluyeron en la contabilidad del club una partida ficticia que tuvo continuidad en los ejercicios siguientes. También se manipuló la contabilidad para ocultar la insolvencia de la entidad. Castresana describe otras operaciones supuestamente irregulares sobre fichaje de jugadores y gastos personales a cargo del club.
Gil dijo ayer en un comunicado que "este tipo de administración de justicia no merece respeto alguno, ni se hace respetar". Y volvió a arremeter duramente contra Castresana y el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.