Trabajo fomentará la movilidad geográfica con el seguro de paro

El Ministerio de Trabajo está preparando una fórmula que permita destinar la cantidad que se abona a los desempleados como seguro o subsidio de paro a financiar parte de los gastos que provoca la movilidad geográfica, siempre que el desempleado con prestación acepte una oferta de trabajo fuera de su residencia habitual. Ahora sólo el 22% de los parados están dispuestos a aceptar un empleo si supone cambiar de ciudad.

La encuesta de población activa (EPA) revela que sólo el 22% de los desempleados está dispuesto a aceptar un empleo si lleva aparejado un cambio de residencia y esta proporción se concentra fundamentalmente entre los desempleados que llevan más tiempo en tal situación y que tienen más edad. El resto de los parados, especialmente los jóvenes, no están dispuestos a cambiar de ciudad para trabajar, entre otras cosas porque tienen cobertura económica familiar.

Sin embargo, el porcentaje de desempleados que están dispuestos a admitir una remuneración inferior a la que creen que merecen para disponer de un trabajo llega hasta el 48% y los que aceptarían un cambio de ocupación, al 68%. Por tanto, uno de los principales obstáculos a la flexibilidad del mercado de trabajo es la escasez de movilidad geográfica de los trabajadores, pese a la dimensión relativamente pequeña del país.

Obstáculos a la movilidad

En esta falta masiva de movilidad geográfica influyen varios factores, a criterio de la Administración. Desde la carestía de la vivienda, hasta el desincentivo que supone el sistema de protección ante ofertas de empleo de poca calidad, pasando por otras cuestiones ajenas al mercado laboral como son las dificultades idiomáticas, especialmente para el empleo en las Administraciones públicas. Los sindicatos culpan especialmente a la falta de calidad de la oferta (mal pagada y por tiempos muy limitados) de desincentivar la movilidad.

La combinación de estos problemas aparece tras una etapa de fuertes crecimientos del empleo, que han llevado la tasa de paro hasta el 13%, pero que en algunas zonas (provincias y comunidades autónomas enteras) se encuentra en valores que permiten hablar de pleno empleo, especialmente entre hombres.

Sin embargo, estas provincias están en muchos casos rodeadas de otras con tasas de paro que triplican sus valores y que están, por tanto, muy alejadas del pleno empleo. Pero no son capaces de absorber el desempleo, de funcionar como un sólo mercado de trabajo. Se han convertido en auténticos oasis de pleno empleo insertadas en desiertos de ocupación, en comunidades con tasas de paro que duplican las de la Unión Europea. Son ejemplos claros Almería, Castellón, las cuatro provincias catalanas, Madrid, Soria, Guadalajara, Rioja o Navarra. Al lado de Almería, con una tasa de paro del 13%, pero del 7,8% entre los hombres, se encuentran provincias como Málaga, con una tasa de paro del 17%, y superior al 14% entre los hombres. Castellón supone otro ejemplo, con tasas de paro del 5,17% (3,18% entre los hombres), situada entre Valencia y Tarragona, con porcentajes de paro cercanos al 11%.

Para combatir la falta de mano de obra de estas zonas, que en muchos casos han acudido ya al mercado exterior (inmigrantes procedentes de los países del norte de África, del este de Europa o de Latinoamérica), el Gobierno prepara una serie de reformas adicionales en el mercado de trabajo.

En concreto pretende combinar una reforma del seguro y subsidio de desempleo con las ayudas a la vivienda. Pretende destinar los fondos que ahora absorbe el pago de la prestación por desempleo a un desempleado a financiar en parte el coste del alquiler de vivienda, a cambio de que el desempleado acepte una oferta de empleo en otra provincia.

Hay que recordar que la resistencia a cambiar de residencia para aceptar un trabajo ha aumentado en los últimos años, al comenzar los noventa más del 30% de los parados aceptarían dar el paso a cambio de un empleo, mientras que ahora sólo lo harían el 22%.

 

Desempleados catalanes rechazan ir a Lleida

Lleida tiene sólo 8.000 parados controlados por la encuesta de población activa y 6.300 si nos ceñimos al registro de las oficinas públicas de empleo. Además tiene una de las tasas más alta de cobertura por desempleo. Pero la semana pasada los productores de fruta encontraron dificultades, como en años pasados, para encontrar la mano de obra suficiente para la campaña de recogida de fruta de verano.

De hecho, la petición personalizada hecha por el Departamento de Trabajo de la Generalitat a 25.000 parados de toda Cataluña para cubrir 4.000 oferta de trabajo no fue cubierta. Sólo el 7,5% de los parados respondieron a la invitación de la Generalitat. Pero de este porcentaje (1.856 personas), un 43% aseguró que no le interesaba la oferta tras conocer sus condiciones precisas (ocho horas de trabajo durante seis días a la semana por 104.000 pesetas netas).

Otro 30% dice que o bien ya tiene trabajo o bien no está localizable. Otro 16% sólo aceptaría la oferta en jornada reducida y el 11% (mayoritariamente magrebíes residentes en Cataluña) acepta la oferta. Buena parte de los desempleados que han recibido la carta tienen seguro o subsidio de paro, aunque no estén inscritos como parados agrarios.

 

Andalucía, con paro del 22%, busca mano de obra fuera

Andalucía tiene la máxima tasa de desempleo de España con un 22,53% según los datos de la EPA del último trimestre. Unos 622.000 andaluces se encuentran en situación de desempleo. Esta situación contrasta, sin embargo, con la evidencia de que existen demandas puntuales de mano de obra inmigrante que exceden a la oferta en algunas áreas andaluza.

La agricultura de invernaderos almeriense pidió en marzo al Inem, a través de Coexphal, 5.500 trabajadores eventuales para atender tareas de recolección en los invernaderos, pero la iniciativa fracasó, informa Daniel Salado.

El Pacto de Concertación Social de Andalucía, firmado en mayo entre Junta, patronal y sindicatos, aborda la canalización de las ofertas de mano de obra inmigrante. El Servicio Andaluz de Empleo, organismo de gestión tripartita entre los agentes sociales firmantes del pacto, será el encargado de canalizar las demandas temporales de contratación de los subsectores necesitados y de tramitar ante las autoridades de los países de origen los cupos necesarios para satisfacer esa demanda.