El presidente argentino toma las riendas de la crisis de Aerolíneas

El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, ordenó ayer el pago inmediato de los salarios atrasados al personal de Aerolíneas Argentinas. Poco antes, su portavoz había anunciado que De la Rúa "está al frente de la negociación" para solucionar el conflicto. En tanto, hay signos de división sindical. Un sector pide la "nacionalización" de Aerolíneas Argentinas y otro propugna aceptar el Plan Director.

La crisis terminal que vive Aerolíneas Argentinas ha obligado a una mayor implicación del presidente argentino en el conflicto. Según el portavoz presidencial, Ricardo Ostuni, "el presidente, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, es quien está al frente de la discusión". Para precisar el significado de estas palabras y sus límites señaló que De la Rúa "le da instrucciones a sus ministros para que, en su nombre, negocien, arreglen y discutan". Dos horas más tarde, el presidente ordenaba el pago de los salarios de abril.

Mientras tanto, las diferencias entre los sindicatos de la compañía se han agudizado. El sector más intransigente, representado por la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), dirigido por Ricardo Cirielli, ha reafirmado una vez más su negativa a firmar el plan director propuesto por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Este sindicato ha dejado la Confederación General del Trabajo (CGT, sector oficial) y se ha unido a la CGT disidente, encabezada por el combativo Hugo Moyano, quien ha pedido el retorno de Aerolíneas al Estado argentino.

"Si el Gobierno quiere dar una respuesta al pueblo, debe nacionalizar Aerolíneas Argentinas", propuso ayer Moyano, advirtiendo que la compañía "es como las islas Malvinas: pueden estar en poder de los ingleses, pero siguen siendo argentinas".

En este sentido, Moyano exhortó a los argentinos a hacer un boicot a las empresas españolas de ese país, en especial a los bancos, Repsol y Telefónica. "Vamos a declararle un boicot a todos los capitales españoles. Necesitamos la participación de todos los argentinos. No les vamos a dar la ganancias para que se las lleven afuera", dijo.

Desde Nueva York, donde se encontraba para presentar el canje de deuda argentina, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, respondió a Moyano al asegurar una vez más que el Gobierno no se hará cargo de la empresa.

Acusaciones

Pero, en una posición bien distinta, el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Ariel Basteiro, pidió a Cirielli que piense "en el bien común y en la estabilidad y continuidad" de Aerolíneas, y firme las exigencias de la SEPI. Incluso acusó a Cirielli de haber firmado anuncios pagados en la prensa, hace algunos años, felicitando por su cumpleaños al autor de la privatización de la empresa, el ex presidente Carlos Menem. Esta afirmación fue rotundamente negada por Cirielli, quien sigue manteniendo que si la compañía quiebra será responsabilidad de la SEPI.

En las calles continúan las protestas del personal por el atraso en el pago de sus sueldos. También siguen ocupadas las salas centrales de los dos aeropuertos de Buenos Aires.

Pero el pago de los salarios, que se ha convertido en el elemento más conflictivo, podría distender el clima de movilización de la plantilla. Asimismo, esta decisión presidencial también serviría para que los cinco sindicatos que ya han aceptado el plan director puedan presionar con más fuerza a Cirielli, para que su organización firme el acuerdo con la SEPI.

El encuentro de ayer entre los representantes de los siete sindicatos de la compañía y los máximos dirigentes de las tres centrales sindicales de Argentina acabó sin acuerdo, pero decidieron intentarlo de nuevo el viernes. La decisión que se adopte será clave para saber hacia dónde se encaminará el futuro de la empresa y de sus 7.000 trabajadores.

En Madrid, una comisión de cinco diputados argentinos se reunieron con el presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, y con miembros de las comisiones de Infraestructura y de Economía y Hacienda del Congreso. Los parlamentarios argentinos se mostraron "moderadamente optimistas" con el resultado de sus conversaciones.

Uno de ellos, el demócrata Gustavo Gutiérrez, dijo que Ferreras estaría dispuesto a aceptar una auditoría de las cuentas de Aerolíneas, aunque no quiso revelar cuál fue la receptividad del presidente de la SEPI ante las duras críticas que estos diputados formularon a la gestión en la compañía.

"Creemos que la gestión que nos ha encomendado la Cámara de Diputados de Argentina ha recibido respuestas alentadoras" por parte de los parlamentarios españoles, dijo el presidente de la comisión, Alejandro Nieva. Según precisó, las dos comisiones de las Cortes promoverán la presencia del ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que explique lo ocurrido durante los 10 años de gestión en Aerolíneas Argentinas.

Gutiérrez afirmó que había dicho a Ferreras que, en su opinión, "parte del éxito de la privatización de Iberia es producto de las transferencias de activos tangibles o intangibles de Aerolíneas a la compañía de bandera de España". Una visión que pone en cuestión totalmente a la SEPI.

 

Raúl Alfonsín propone exenciones fiscales

El ex presidente argentino Raúl Alfonsín, que preside la Unión Cívica Radical (UCR) a la que pertenece el presidente De la Rúa, propuso ayer salvar Aerolíneas Argentinas a través de un plan de beneficios fiscales.

"Es hora de que al sector del transporte aéreo le llegue el turno de los planes de competitividad, que reduzcan los costes tributarios y de explotación para tornar viable la actividad aerocomercial", sostuvo el veterano líder en un artículo publicado por Clarín, el periódico de mayor difusión del país.

Alfonsín alude así a los acuerdos diseñados entre el ministro Cavallo y los sectores del automóvil, textil y calzado, así como con los productores de algodón y los exportadores de carne. Básicamente, se trata de convenios para reducir impuestos que permitan incrementar la rentabilidad de esas alicaídas actividades industriales.

Desde este punto de vista, el ex presidente consideró que es necesaria una "convergencia" de los accionistas, los empleados y los usuarios de Aerolíneas Argentinas para salvar la compañía.

Por otra parte, el juez federal argentino Claudio Bonadío dio curso a una denuncia penal presentada por el abogado Juan Carlos Iglesias para que se analicen las conductas de los responsables de la privatización de la compañía y de los directivos de la misma.

Entre otros implicados, se pide que se investiguen las conductas del ex presidente Menem y de sus ex ministros Cavallo y de Obras y Servicios Públicos y autor de la privatización de Aerolíneas, Roberto Dromi.

El jueves por la noche fueron registradas, por orden del juez Ernesto Botto, las oficinas de Aerolíneas, de donde se retiraron cajas con abundante documentación. El procedimiento policial ordenado por el juez tuvo lugar en dos oficinas que la compañía posee en el centro de Buenos Aires.