Hacienda baraja mantener en el 30% la cesión del IRPF a las comunidades
El nuevo modelo de financiación autonómica que entrará en vigor en 2002 podría mantener la actual cesión del 30% del IRPF a las comunidades. Aumentar la participación podría comportar problemas técnicos y, además, el impuesto ha dejado de ser atractivo para las autonomías como fuente futura de recursos.
Aunque durante las últimas semanas se ha dado por sentado que el nuevo modelo de financiación autonómica elevará al 40% la actual cesión del 30% del IRPF a las comunidades autónomas (15% en algunas), el futuro sistema podría dejar intacto el porcentaje cedido de este impuesto.
Este giro copernicano en los fundamentos que deben regir el nuevo modelo se debe, por un lado, al problema técnico que plantearía ceder el 40% a algunas comunidades autónomas. El caso más evidente es el de la Comunidad de Madrid, en el que -según fuentes próximas a la negociación- el 40% de la recaudación del IRPF sumado a la cesta de impuestos "elevaría demasiado" los ingresos y obligaría a efectuar devoluciones a la Administración central.
A este factor se suma el escaso atractivo que actualmente posee el IRPF para las comunidades como fuente futura de recursos. Por un lado, es poco elástico en relación a la evolución de la economía y, por otro, su inminente reforma lo hace todavía menos atractivo a la hora de contabilizar ingresos. Conseguir una mayor capacidad normativa del impuesto sobre la renta tampoco despierta grandes pasiones: aunque se ampliara, probablemente ninguna comunidad sobrepasaría el 20% actual de deducciones en la cuota, ni para bajarlo ni para subirlo.
Ante este cambio de rumbo, la cesta de impuestos (IVA y especiales) se perfila como la clave del nuevo sistema. El éxito del modelo no depende tanto de los recursos adicionales que se puedan recibir en el primer año de vigencia como de garantizar la evolución futura de los ingresos. Lo que se persigue es evitar que la buena marcha de la economía beneficie sólo al Gobierno central. Si, por el contrario, empeora, las comunidades dispondrían de los mecanismos para aumentar sus recursos. Según las mismas fuentes, el nuevo modelo podría incluir, además, fórmulas para evitar que las decisiones del Gobierno (Pacto de la Justicia, medicamentos, Ley del Menor, etc.) repercutan sobremanera en el gasto de las comunidades. Otra clave es la Sanidad. Extremadura anunció ayer que no aceptará su inclusión por menos de 140.000 millones.