Bruselas fija una pena común de ocho años para quien introduzca inmigrantes ilegales
El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE decidió ayer fijar en ocho años la pena mínima (sanción mínima aplicable al delito más grave) por facilitar la entrada y residencia ilegal de inmigrantes en la Unión Europea, según anunció la ministra sueca de Cooperación, Asilo y Migraciones, Maj-Inger Klingvall, que presidió el Consejo.
Los Quince dieron luz verde a tres propuestas planteadas por Francia durante su presidencia, el segundo semestre de 2000, tras la muerte por asfixia de 58 inmigrantes chinos en un camión en el puerto de Dover (Reino Unido) en junio de 2000.
El objetivo es castigar a quienes facilitan el cruce de fronteras a los inmigrantes ilegales y armonizar las sanciones para evitar que los países con normas más laxas se conviertan en una puerta de entrada. Además, Klingvall explicó que la norma contará con una "cláusula humanitaria", en virtud de la cual los Estados miembros podrán no penar las acciones realizadas con motivos humanitarios. "Sólo los que lo hagan con ánimo de lucro deben ser castigados", dijo la ministra.
Ante la preocupación de que las organizaciones mafiosas se escuden en excusas humanitarias para eludir sanciones, Austria, uno de los países de la UE que recibe mayor inmigración del Este, no dio su visto bueno hasta que quedó claro que la cláusula será voluntaria y que, además, para aplicarla cada Gobierno podrá basarse en "sus leyes y prácticas nacionales".
Por otra parte, la coalición de gobierno rojiverde del canciller alemán Gerhard Schrö-der se propone aprobar la nueva ley para la regulación de la entrada de extranjeros este mismo año e iniciará próximamente los contactos con la oposición conservadora para buscar su consenso.
El Partido Socialdemócrata y su socio Los Verdes han acordado un calendario para la elaboración de esa ley, con el objetivo de que quede lista en la actual legislatura y no se convierta en objeto de debate político en la campaña para las elecciones generales de 2002. Ambos partidos abordarán la reforma en julio.