El informe pedido por la juez del 'caso AVE' no aprecia irregularidades

Diez años después de la puesta del AVE Madrid-Sevilla colea el supuesto de pago de comisiones ilegales por parte de los suministradores de los sistemas de electrificación y señalización de la línea, en los que se invirtieron 75.000 millones de pesetas. El último informe pericial, encargado por la juez instructora del llamado caso AVE, descarta que haya habido irregularidades en el proceso y exculpa a la antigua cúpula de Renfe. En este caso, que levantó gran escándalo en los años noventa, hay más de 50 imputados, entre ellos, el ex ministro de Sanidad, Julián García Valverde, y altos cargos de la compañía ferroviaria y Siemens.

El último informe pericial, encargado en el proceso de instrucción en el llamado caso AVE, el supuesto pago de comisiones por el consorcio hispano-alemán liderado por Siemens y encargado del suministro e instalación de los sistemas de electrificación y señalización en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, contradice las acusaciones de la fiscalía sobre las que se cimentó uno de los asuntos más famosos de corrupción del fin de la etapa socialista.

Las obras fueron contratadas por Renfe y, a última hora, el Ministerio de Transportes irrumpió en el proceso al contratar directamente uno de los tres tramos en que se dividieron los trabajos. Esta fragmentación provocó un alza en el precio de los trabajos y fue el desencadenante del escándalo. Este informe pericial, el cuarto que se lleva a cabo en la instrucción del proceso, pero el único no solicitado a instancia de parte, ha sido encargado por la juez Teresa Chacón a dos ingenieros industriales, con la intención de cerrar esta fase del procedimiento. Las partes ya han recibido el informe y esta misma semana están convocados a ratificar el documento.

El llamado caso AVE, conectado con el de Filesa, provocó una gran convulsión en las cúpulas de Renfe y Siemens y en su quehacer diario, que se arrastra hasta nuestros días.

Afectados

El escándalo salpicó con distinta intensidad al que fuera embajador alemán en España, Guido Brunner; al entonces presidente de Siemens, Francisco Francés; la ex presidenta de Renfe, Mercè Sala, y sobre todo al ex presidente de la compañía ferroviaria y ex ministro de Sanidad, Julián García Valverde, así como a buena parte de su equipo directivo, entre otros, Leopoldo Iglesias o Gonzalo Martín Baranda.

Los dos ingenieros que han realizado el informe pericial, Manuel Prat y Juan Francisco Babío, concluyen tras el análisis de la documentación aportada por la juez que "desde el punto de vista técnico los procesos de adjudicación y reprogramación de esas obras de señalización y electrificación se realizaron mediante procesos de negociación en los que se produjeron ajustes de todo tipo, tanto de partidas como en los presupuestos, sin poder apreciar, salvo en el caso de la reprogramación, que haya cambios u otro tipo de actuaciones que no estén justificados y/o aprobados".

La "reprogramación" se refiere a la decisión del Gobierno de adjudicar por sí mismo un tramo de la línea una vez que Renfe había contratado ya todo el trazado al llamado Consorcio Hispano Alemán (CHA), liderado por Siemens y ABB.

Esta partición provocó un incremento de precios que se evalúa por los peritos "en torno al 10%", e "incidencias y cambios que fueron precisos realizar y supusieron, sin duda, un enorme esfuerzo para todas las partes implicadas". Los peritos, no obstante, señalan que, aunque las ampliaciones estuvieron justificadas técnicamente y "han de considerarse normales", la decisión de dividir en tramos el trayecto para que uno de ellos fuese ejecutado por el ministerio es calificada de "absurda".

Revisión del precio

Pese a esta consideración, los peritos concluyen que esa revisión del precio final al alza se "considera muy razonable". En el caso de la electrificación, el sobrecoste es superior al 10%, "índice de las dificultades o riesgos que desde el punto de vista económico tuvo que asumir el CHA de electrificación, pero que, sin embargo, desde el punto de vista técnico ha resultado un éxito (...)".

La adjudicación y reprogramación "de las obras se han realizado mediante procesos de negociación en los que se han producido ajustes de todo tipo, tanto en las partidas como en los presupuestos, sin poder apreciar, salvo en el caso de la reprogramación, que haya partidas, cambios u otro tipo de actuaciones que no estén justificados y/o aprobados.

Los desajustes producidos a lo largo del proceso son atribuibles a la participación, forzada, del ministerio debido, fundamentalmente, a los diferentes tipos de contratación por parte de Renfe y del ministerio".

La decisión política de dividir el tramo para que uno fuera adjudicado por el ministerio provocó que el contratista tuviera que presentar nuevos presupuestos. En estos casos, añade el informe, es habitual que el proveedor "revise al alza los márgenes previstos inicialmente" (...) "Encontramos correcta la actuación del equipo técnico de Renfe, aunque en ocasiones puedan haberle sido impuestas por la alta dirección alguna decisión a adoptar", finaliza el documento.

 

Las diligencias judiciales, pendientes de archivo o apertura de juicio

La juez Teresa Chacón investiga en el llamado caso AVE cuatro presuntas vías de financiación irregular del PSOE. Las diligencias judiciales se iniciaron en 1994 cuando el Tribunal Supremo desglosó una parte del caso Filesa y la envió a los juzgados ordinarios por considerar que podrían existir otras formas por las que el PSOE obtuvo fondos de forma irregular para financiarse.

Después de siete años de instrucción, la juez Chacón sólo ha concluido una de las cuatro partes en las que se dividen las diligencias. æpermil;sta se refiere al pago de un cheque de 150 millones de pesetas de Seat a cambio de sacar ciertas ventajas en la venta de unos edificios situados en el madrileño Paseo de la Castellana. Por estos hechos está imputado el ex presidente del consejo de dirección de Seat, Juan Antonio Díaz Álvarez, así como la ex coordinadora de Finanzas del PSOE, Aída Álvarez, y el ex miembro del comité electoral socialista Carlos Mangada, entre otros. También se imputó al ex embajador alemán en España Guido Brunner, ya fallecido.

Pero los hechos más relevantes de esta investigación judicial son los que se refieren al supuesto pago de comisiones ilegales por parte de Siemens a cambio de la adjudicación del AVE Madrid-Sevilla. Según las acusaciones, Siemens abonó pagos a empresas de personas próximas al PSOE. La juez tomó declaración como imputados al presidente de Siemens en España, Francisco Francés Orfila, y al ex director general de Transportes y Energía, Mario Huete Montero. La juez ha practicado numerosas diligencias por estos hechos, entre las que encuentran las declaraciones de los ex presidentes de Renfe Mercè Sala y Julián García Valverde. Cuando la juez dé por concluida la investigación, dictará auto de transformación o archivará el asunto. Si decide continuar (por considerar que hay indicios de delito), antes de dictar la apertura de juicio oral, deberán presentar calificaciones el fiscal y otras acusaciones.