Las autopistas exigen un marco legal para explotar su red de "telecos"
Las concesionarias de autopistas demandan al Ministerio de Fomento que regule de forma urgente su acceso al mercado de las telecomunicaciones, en concreto, la posibilidad de utilizar de forma inmediata su red de banda ancha y la cesión a terceros del derecho de paso para que tiendan red por la traza de las autopistas. El sector, por boca de la patronal, desea que el reglamento que debe regular esta actividad sea lo más flexible posible para facilitar el desarrollo del negocio.
Varias operadoras de telecomunicaciones han denunciado recientemente que el vacío legal bloquea la creación de una red propia.
Las concesionarias de autopistas consideran urgente la regulación de su acceso al mercado de las telecomunicaciones, en el que quieren entrar a través de la utilización de la red de banda ancha que ya han tendido y de la cesión del derecho de paso a las redes de terceros por la traza de las autopistas.
Pese al interés de estas empresas y de muchas operadoras por utilizar la capacidad de comunicación existente, no pueden hacerlo porque todavía no se ha acabado de elaborar por el Ministerio de Fomento el reglamento que desarrolla la Ley de Autopistas, en concreto los apartados relativos a las posibilidades de diversificación de las sociedades concesionarias. La patronal de las autopistas, Aseta, por boca de su presidente, José Luis Feito, afirma que las concesionarias quieren empezar "cuanto antes a explotar la capacidad existente, para lo cual necesitamos una estructura legal flexible que permita desarrollar el negocio".
Una vez se inicie esta actividad, "será el momento de aquilatar la legislación, para subsanar posibles deficiencias. Sería un error hacer un instrumento legal cerrado y que luego no sirva", añade Feito.
El principal problema jurídico que se plantea es cómo regular la cesión del derecho de paso de la red de un operador por una infraestructura que explota la concesionaria de la autopista, pero que es de dominio público. Mientras tanto, varias concesionarias ya han tendido su propia red de cable, pero no existe marco legal para llevar a cabo su explotación.
El reglamento que elabora Fomento desarrolla las modificaciones introducidas en la Ley de Autopistas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 2000. Los cambios amplían el objeto social de las concesionarias para que puedan operar otro tipo de infraestructuras de transporte y comunicaciones.
Hace varias semanas, una serie de operadores de telecomunicaciones, encabezadas por Global Crossing, se quejó ante el Ministerio de Fomento por la imposibilidad legal de desarrollar una red de banda ancha en España aprovechando la traza de varias carreteras. El proyecto implica a las concesionarias Acesa. Aurea, Avasa y Europistas, que cuenta con 835 kilómetros de red de alta capacidad. Los promotores de ese proyecto afirman que existe un conflicto de competencias entre Fomento, Ciencia y Tecnología y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, sobre quién debe autorizar el tendido de red. Álvarez Cascos ha negado tal conflicto.
El impacto del peaje vinculado al tráfico
Las concesionarias de autopistas podrán modular el impacto del nuevo sistema de fijación de los peajes, que entrará en vigor el año que viene y que vincula su subida a la densidad del tráfico de cada concesión, para que no afecte de forma especialmente negativa su recaudación.
El nuevo modelo tarifario establece que cuanto mayor sea el tráfico real sobre las previsiones de la concesionaria, menor será la subida de los precios de uso de la vía.
El mecanismo que ha establecido el Ministerio para mitigar esa presión a la baja, sobre todo tras los incrementos de tráfico contabilizados en los últimos ejercicios, es doble. Por un lado, cada autopista pactará con Fomento a lo largo de este año una nueva estimación de las densidades de tráfico previstas hasta el fin del periodo de concesión. Se trata de que la diferencia entre la magnitud real y la prevista no sea excesivamente grande. Por otro, se establece unos topes mínimos y máximos de variación del indice de revisión de tarifas, que no podrá superar el 1,25% del IPC medio si el tráfico es inferior a la previsiones, ni bajar del 0,75% si la intensidad de vehículos es superior a las estimaciones.
El sistema vigente hasta el año 2000 consistía en subir los peajes el 95% del IPC real del año anterior. Este año, de transición entre los dos modelos, Fomento ha establecido una subida del IPC medio del año 2000 menos un punto. Las concesionarias estudian recurrir esta medida.