EDP negocia con Rato aumentar su parte en Cantábrico

La eléctrica portuguesa EDP, que controla ya cerca del 20% de Cantábrico a través de una sociedad participada por Cajastur, aumentará su presencia en la compañía asturiana en caso de que el Ministerio de Economía no se oponga a esta operación. Los socios de Hidrocantábrico han cerrado un preacuerdo de gestión y de representación en su consejo que llevarán a la junta de mañana jueves después de que sea admitido por el Ejecutivo. La igualación en Cantábrico de EDP y EnBW puede ser una salida para el gobierno de la empresa asturiana a largo plazo.

Los accionistas de Cantábrico han cerrado un acuerdo interno que será presentado hoy al Ministerio de Economía para que éste sea examinado por el Gobierno antes de ser anunciado en la junta de accionistas de la empresa asturiana que se celebrará mañana jueves en Oviedo. Los socios de la eléctrica asturiana, que ya negociaron en días pasados con el Ejecutivo, intentan evitar que el departamento que dirige Rodrigo Rato considere que su pacto pretende eludir los efectos de la legislación española. Y es que ésta da al Consejo de Ministros capacidad para reducir los derechos políticos de los accionistas extranjeros en las eléctricas españolas si estos socios están controlados o participados significativamente por entidades públicas. Es una capacidad que el Ejecutivo ha ejercido cautelarmente en este caso y que anunció el pasado 7 de mayo.

El citado pacto de accionistas entre Ferroatlántica, de la que la alemana Baden Würtemberg tomará el 50% del capital, y la portuguesa EDP y Cajastur está pendiente, según las fuentes consultadas, sólo de la autorización tácita del Ejecutivo. Por tanto, algunos de sus contenidos pueden variar en función de la posición que manifiesten los responsables de la política energética del Gobierno, es decir, el secretario de Estado, José Folgado.

En el acuerdo que se presenta a Economía se subraya que las entidades accionistas de la eléctrica asturiana no intentarán imponer ahora su presencia directa en el consejo de la empresa asturiana. Y éste se formará con estos principios y de forma provisional, formado básicamente por representantes de Cajastur, Caser y por independientes en el número mínimo aceptado por los estatutos de la empresa que actualmente preside âscar Fanjul.

Los mismos medios señalan que la propuesta de los representantes directos o indirectos de EDP no es nueva. La empresa portuguesa, que ahora controla el 20% de la eléctrica asturiana a través de Adygesinval (participada también por Cajastur), había prácticamente cerrado una alianza con la alemana EnBW para equilibrar su participación en el grupo asturiano con anterioridad al anuncio por parte de Economía de la suspensión de los derechos de voto a EDP y EnBW. Ahora se presentará este preacuerdo al Gobierno como una vía para desbloquear la toma de control de Cantábrico a medio plazo.

Y es que EnBW, participada en un 25% por æpermil;lectricité de France (EDF) con opción a llegar al 33%, es el principal obstáculo para lograr un pacto de gestión a medio plazo. La empresa que hasta ahora preside âscar Fanjul puede enfrentarse a significativos problemas cuando el sector eléctrico está inmerso en España en cuestiones de interés estratégico, como el crecimiento a través de la compra de activos (que Endesa ha puesto en el mercado) o la fijación de precios en el pool de generación (la lucha por aumentar la cuota o por márgenes más elevados).

Medios consultados señalan que Rato optó por la eliminación de los derechos de voto de Ferroatlántica y EDP, a poco más de una semana de la junta, básicamente por la presencia creciente de EDF en EnBW, más que por el grupo portugués, en el que el Estado ha reducido su presencia al 30%. En medios del sector se conoce la disposición adicional 27 de la Ley 55/1999, que pretende controlar los derechos políticos de las entidades que tengan participaciones estatales significativas en empresas eléctricas españolas, como la ley EDF.

Por su parte, la Comisión Nacional de Energía (CNE), que preside Pedro Meroño, elabora un informe sobre esta operación, así como sobre la decisión de veto del voto del Gobierno, que se basará prioritariamente en la apertura de los mercados de Portugal, Alemania y Francia. Es decir, en la situación de las actividades mayoristas en esos países. El documento será enviado al Gobierno con posterioridad a la presentación de las alegaciones por parte de las compañías privadas de voto.

El aumento de la participación de EDP en Cantábrico, que mantiene una alianza con Cajastur (que controla un 15% adicional junto a Caser), fue rechazado en una primera etapa por Villar Mir, presidente de Ferroatlántica. No obstante, la posición conciliadora de su socio alemán, que tomará un 50% de Ferroatlántica a través de una ampliación de capital, ha sido decisiva para el acuerdo, que se ha paralizado por la decisión del departamento que dirige Rato.

Apoyo en la UE

Adicionalmente, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía mantiene fluidas relaciones con su homólogo Mario Cristina de Sousa, ministro de Economía de Portugal, cara a solucionar tanto los intereses de EDP como la gestión de Cantábrico. Además, ambos países comparten intereses similares, por lo que necesitan apoyarse ante la ampliación de la Unión Europea.

 

Brasil suspende la venta de la eléctrica CESP

El Gobierno del Estado brasileño de São Paulo suspendió indefinidamente la subasta de privatización de la generadora de energía eléctrica CESP Paraná, prevista para hoy miércoles, informaron fuentes oficiales.

La decisión fue tomada por el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, después de decidir que no apelaría el fallo judicial que cuestionaba la noche del lunes el valor mínimo que el Gobierno regional exigía por la empresa.

Seis empresas de Brasil, EE UU, Francia y Portugal estaban inscritas para la subasta del 38,67% de las acciones de CESP Paraná que pertenecen al Gobierno paulista y que iban a ser ofrecidas por un precio base de 756 millones de dólares. El fallo judicial, que ordenó la suspensión del proceso, fue dictado por la juez Leila Paiva, de la décima sala civil federal de São Paulo, basándose a una querella presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Energía y por el opositor Partido de los Trabajadores.

Los demandantes argumentaron que el precio mínimo fijado para CESP Paraná estaba por debajo de su valor real, ya que algunos estudios estiman que la sociedad puede costar hasta dos veces más.

CESP Paraná, que produce el 12% de la energía consumida en Brasil, es una de las tres empresas resultantes de la división del área de generación de la Companhia Energética de São Paulo (CESP). Las generadoras Paranapanema y Tieté fueron privatizadas en 1999, mientras que una primera subasta de CESP Paraná, prevista para octubre del año pasado, fue cancelada porque los interesados se retiraron a raíz de las restricciones ambientales sobre una de sus seis centrales hidroeléctricas.

La suspensión de la subasta, cuando el país se enfrenta a restricciones, ha sido mal recibida por el mercado. Las acciones preferenciales de CESP abrieron ayer en la Bolsa de São Paulo con una fuerte caída, el 10,5%.