El Congreso tramita una ley para regular los derechos de los pacientes
El Congreso de los Diputados está tramitando un proyecto de ley para regular los derechos de los pacientes y el contenido de los historiales clínicos. El texto aborda la posibilidad de realizar una declaración en la que el enfermo manifieste su voluntad por si en el momento de la intervención no puede hacerlo. Además, insta a las comunidades autónomas a coordinarse para dotar a los enfermos de un historial único en todo el territorio.
Salvaguardar el derecho a la información y al consentimiento informado de los enfermos y garantizar el acceso a la documentación clínica por parte de todos los ciudadanos. Este es el principal objetivo del proyecto de ley que está tramitando el Congreso para regular los derechos de los pacientes y el contenido de las historias clínicas.
El texto, que ha sido elaborado a iniciativa del Senado, cuenta con dos novedades importantes. La primera de ellas es la posibilidad de que los pacientes puedan realizar el denominado testamento vital, una declaración de voluntades anticipada para que el enfermo pueda manifestar sus deseos por si una vez intervenido no está en condiciones de hacerlo. En el documento, que deberá realizarse ante notario o ante tres testigos, dos de los cuales no estarán relacionados con el enfermo, el paciente puede designar un representante que le sustituya "en el caso de que no pueda expresar su voluntad por si mismo".
El proyecto especifica muy claramente que el testamento vital no será válido cuando incorpore previsiones contrarias a la ley o "a la buena práctica clínica". Una vez elaborado el documento, la persona que lo ha realizado, sus familiares o su representante tendrán que entregar el texto al centro sanitario en el que éste se encuentre para que se adjunte a la historia clínica del paciente.
La segunda novedad que recoge el proyecto es la obligación del Ministerio de Sanidad de promover una acuerdo de colaboración con las comunidades autónomas para posibilitar el uso de una única historia clínica para cada paciente en todo el territorio nacional.
Según se explica en el proyecto, el objetivo de la medida es que los pacientes atendidos en diversos centros "no se tengan que someter a exploraciones y procedimientos repetidos y los servicios asistenciales tengan acceso a toda la información clínica disponible".
La futura ley, que fija un plazo de un año para que los centros sanitarios se adapten a su contenido, consagra el derecho de los ciudadanos a ser informados "de los problemas de salud de la colectividad que impliquen un riesgo para la salud y que esta información se difunda en términos verídicos, comprensibles y adecuados para la comprensión de la salud".