La violencia y la confusión presiden la jornada electoral en Filipinas
La violencia y la confusión fueron los indiscutibles protagonistas de la jornada electoral que ayer se celebró en Filipinas. Más de 36,5 millones de filipinos estaban convocados a las urnas para elegir a 13 de los 24 senadores de la Cámara alta, 260 diputados y 17.591 cargos provinciales y locales, incluidos gobernadores y alcaldes. Ahora empieza un lento recuento manual que no finalizará hasta junio.
Asesinatos, atentados contra colegios electorales, desaparición de urnas y de papeletas, ausencia de registros, compra de votos y cruce de acusaciones de fraude entre los partidos son los elementos que configuraron el paisaje electoral de ayer.
Al menos seis personas fueron asesinadas ayer, con lo que la cifra total de muertos desde que empezó la campaña electoral se eleva a 79, el doble que en las elecciones de 1998, informa France Presse. El jefe de la Policía Nacional de Filipinas, informó ayer de que 17 de los 79 asesinados eran candidatos electorales.
En varias localidades de Mindanao, al sur del país, miles de votantes no pudieron ejercer su derecho por la falta de urnas y de papeletas. Otros ciudadanos tampoco pudieron votar porque su nombre no aparecía en las listas. En Matanog, también en Mindanao, un grupo separatista musulmán atacó con granadas el edificio del ayuntamiento. Sin embargo, el presidente de la Comisión Electoral (Comelec), Alfredo Benipayo, afirmó que la jornada se desarrolló "con absoluta normalidad" y señaló que la participación rondó el 85%.
Los comicios son un referéndum de facto para la presidenta, Gloria Macapagal, elegida en enero tras una revolución popular que derrocó al presidente, Joseph Estrada.
La Coalición del Poder Popular, liderada por Macapagal, necesita conseguir un mínimo de ocho de los 13 asientos en juego en el Senado. Sólo así lograría la mayoría suficiente para impulsar la privatización de varias compañías y la reforma del sector eléctrico, vitales para atraer inversiones extranjeras que revitalicen la economía.
Estrada, en prisión desde el 25 de abril, también necesita triunfar en el Senado. Pero en su caso es para evitar el juicio en el que está acusado por el Tribunal Anticorrupción de malversación de fondos públicos por un millón de dólares (188 millones de pesetas), un delito que en Filipinas está castigado con pena de muerte o con cadena perpetua. En cualquier caso, los dos tendrán que esperar hasta junio.