La caída del consumo de pan reduce el número de empresas harineras
Las dietas y los nuevos hábitos alimenticios que los españoles adoptaron en los años ochenta han generado una caída del consumo de pan desde 82 kilos por persona y año hasta los 58.
Como consecuencia, 260 firmas productoras de harina tuvieron que cerrar en los noventa y todavía el sector continúa inmerso en una crisis que sólo hallará respiro con la reducción del 30 % de la capacidad productiva, o lo que es lo mismo, el cierre de entre 70 y 100 pequeñas empresas más, según datos de la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España (Afshe).
El negocio de las harinas desde el campo a la mesa, es decir, incluyendo el valor de la producción de trigo blando, materia prima de la harina, la transformación posterior y el valor de las ventas de pan y pastelería es de cerca de 1,5 billones de pesetas, de tal manera que un 10% del gasto alimentario de los españoles se realiza en derivados de harinas y sémolas.
Actualmente existen 235 empresas en España dedicadas a la elaboración de harinas con destino principalmente a las panaderías y pastelerías, que facturan 150.000 millones de pesetas y emplean a 2.500 personas. El producto elaborado resultante, 2,8 millones de toneladas de harina de las que sólo 200.000 van a la exportación, es utilizado para pan, galletas, pastelería, bollería, pizzas, alimentos infantiles, conservas o platos precocinados, aunque un 75% se destina a pan. Estas empresas tuvieron que afrontar fuertes inversiones en mejorar sus sistemas productivos y rentabilizar así el negocio de un producto con muy poco valor añadido, que además ha sufrido un desplome de precios tal, que ahora mismo el kilo cuesta menos que en los ochenta.
El endeudamiento es considerable e impide incluso que muchas empresas puedan cerrar, aunque lo anhelen. "Los fuertes créditos y los costes de los despidos de los empleados impiden a muchas firmas abandonar la actividad, hecho absolutamente imprescindible para sanear el sector", sostiene Ramón Sánchez, de la Afshe.
Esta asociación, que celebró la pasada semana una asamblea extraordinaria para analizar el problema y ha llegado a varias conclusiones utilizando como referente otros ejemplos europeos sumidos en el mismo problema.
Plantea Afshe la necesidad de reducir un 30% la capacidad productiva del sector, lo que supone un coste de 6.000 millones cuya financiación debería ser negociada.