El Gobierno revisará todas las antenas de móviles ya instaladas

El Gobierno ha remitido a la CE y al Consejo de Estado con carácter urgente el proyecto de real decreto para regular la instalación de antenas de telefonía móvil. El texto establece una distancia de seguridad en las zonas habitadas y unos límites máximos de exposición de ondas electromagnéticas, siguiendo la Recomendación Europea. Tras su entrada en vigor, el Gobierno exigirá la revisión de todas las antenas ya instaladas en un plazo de seis meses. Con ello se intenta frenar la situación de alarma social y dar seguridad al sector.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha enviado a la Comisión Europea y al Consejo del Estado el texto del real decreto por el cual se regularán las instalaciones de antenas de telefonía móvil, que últimamente han provocado una situación de malestar entre la población.

Los dos parámetros más importantes que establecerá el nuevo real decreto se refieren, en primer lugar, a las restricciones en la exposición de los ciudadanos a las emisiones radioeléctricas y, en segundo término, al establecimiento de distancias de seguridad entre cada antena instalada y las viviendas próximas.

Los niveles de potencia máximos que fija el decreto están en torno a los 0,4 milivatios por centímetro cuadrado. En cuanto a la distancia de seguridad de una antena en relación a un área de población, el texto es mucho menos explícito, lo que ha generado incertidumbre entre los expertos.

El proyecto, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología afirma estará aprobado antes de verano, sigue los criterios que ya recogían la Ley General de Telecomunicaciones y la Recomendación Europea de 1999. La nueva normativa exigirá que las antenas ya instaladas (unas 25.000 en todo el territorio español) sean revisadas en el plazo de seis meses para adaptarlas a los niveles de exigencia que finalmente se establezcan.

A partir de ese momento, el ministerio "elaborará un informe con los resultados obtenidos en dicha inspección, a fin de garantizar los niveles establecidos de seguridad".

Expertos en salud y telecomunicaciones han valorado de diferente modo los principales aspectos del proyecto de normativa.

Jesús Cañadas, ingeniero de telecomunicaciones que ha participado en la elaboración del reglamento, apunta que "existe gran miedo a estas instalaciones por falta de información, aspecto que la ley vendrá a modificar".

Miguel Udaondo, director de gestión de calidad de Airtel, argumenta que "todos los operadores cumplen con los límites establecidos por la recomendación de la UE. Incluso, añade, los niveles de seguridad son 50 veces superiores a los establecidos en las normas internacionales". En consecuencia, Udaondo concluye que "la ley confirmará la correcta actuación de las operadoras hasta la fecha".

Distancia de seguridad

La imprecisión del decreto en el establecimiento de una distancia de seguridad es también motivo de polémica entre los expertos. La Unión Europea recomienda una distancia de seguridad mínima de seis metros entre la vivienda y la antena, y de 54 metros, si se trata de un hospital o colegio.

Algunos técnicos dicen que el nuevo decreto incluirá estos mismos parámetros de seguridad, a fin de aclarar una situación cada vez más confusa. Aunque la clave para solucionar el problema, reclaman otros, es "garantizar el cumplimiento de los límites de potencia de las emisiones radioeléctricas".

Operadoras de móvil, suministradores, instaladores de equipos e incluso las compañías de telefonía fija vía radio (LMDS) se quejan del grave impacto que en su actividad está provocando la actuación de algunos ayuntamientos en lo que se refiere a la concesión de licencias para levantar antenas. Afirman que "el despliegue de las redes de los estándares GPRS y UMTS está en peligro".

 

Equipo colectivo para reducir el impacto

Las operadoras de telefonía móvil se están tomando muy en serio la evolución del creciente rechazo social a la instalación de antenas de servicio celular en todo el territorio español. Haciendo de la necesidad virtud, han comenzado a articular propuestas para poder compartir en determinadas zonas el uso de los equipos de riesgo. Esta medida les permitiría minimizar tanto la inversión en el desarrollo de las infraestructuras como el impacto radioeléctrico sobre la salud.

Con el desarrollo de ambas iniciativas pretenden rebajar también la intensidad de las protestas sociales. En distintas reuniones mantenidas en el marco de la patronal Aniel, operadoras y suministradores han llegado al consenso de trasladar a la Administración un mensaje en el sentido de advertirle que se han adjudicado durante los últimos años un número muy elevado de licencias para explotar servicios que utilizan el espectro radioeléctrico como vehículo de la actividad.

Los pliegos de condiciones indican igualmente que en estas licitaciones se ha incluido también como condición la garantía de cobertura del servicio en determinados centros urbanos con alta densidad de población.

Ello ha tenido como consecuencia que la concentración de equipos radiantes se haya multiplicado, con lo que los potenciales riesgos para la salud en esos puntos altamente poblados podrían verse incrementados.