La abogacía exige que Anticorrupción aclare qué bufetes blanquean dinero
Al igual que ya hiciera en su informe de 1999, la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a acusar a los grandes bufetes de favorecer las operaciones de blanqueo de dinero y tráfico de drogas. La reacción del Consejo General de la Abogacía ante estas acusaciones no se ha hecho esperar. Su presidente, Eugenio Gay, arremetió ayer contra la fiscalía y la acusó de "ineficacia" en la persecución de los delitos.
El presidente del Consejo de la Abogacía Española, Eugenio Gay, rechazó ayer por segundo año consecutivo las acusaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción en su memoria anual contra los grandes bufetes de abogados. En su informe del año 2000, este organismo atribuye una vez más parte del éxito de las operaciones de blanqueo de dinero y tráfico de drogas "a la participación de importantes despachos".
Gay rechazó las acusaciones al señalar que "no se puede generalizar" en este tipo de afirmaciones y acusó al ministerio público de "ineficacia" en la persecución de este tipo de delitos. El presidente de la abogacía española exigió a la fiscalía que concrete "qué casos, qué abogados y qué despachos son los que están funcionando así" para iniciar las oportunas averiguaciones al respecto. "No podemos aceptar que una acusación tan genérica caiga sobre una profesión en la que la inmensa mayoría de sus profesionales son gente honrada, trabajadora y profundamente respetuosa con el Estado de derecho", indicó. Según el representante de la abogacía española, si no se pueden concretar estas acusaciones, "no deben hacerse", y si se pueden especificar, "se deben denunciar".
La memoria de la Fiscalía Anticorrupción del año 2000 afirma que en ocasiones la participación de los despachos profesionales no se limita al normal asesoramiento en aspectos jurídicos y financieros, "sino que va más allá" e incluye el diseño de las operaciones de ingeniería financiera y la prestación de la infraestructura necesaria para llevarlas a cabo.
El texto del informe es muy claro al acusar a los bufetes de contar con profesionales cuyo conocimiento de la legislación "les permite dar una apariencia de legalidad a las operaciones que diseñan, aprovechando con habilidad imprecisiones o lagunas legislativas, así como insuficiencias de los sistemas de control".
Otra de las acusaciones de la memoria se refiere al supuesto mal uso que hacen estos despachos del secreto profesional. "Es muy difícil obtener de estos profesionales información relativa a las operaciones en que intervienen, ya que se amparan en un abuso indebido del secreto profesional". Las memorias de 1999 y 1997 de la fiscalía ya alertaron sobre la supuesta colaboración de los bufetes.