Bruselas anuncia medidas para frenar el abuso de los despidos masivos
La comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou, anunció ayer una serie de medidas destinadas a frenar el impacto de las reestructuraciones de empresas y los despidos colectivos, y a obligar a las empresas a que tengan en cuenta el aspecto social de dichos procesos.
Los planes de la CE para reforzar la legislación vigente en materia de despidos colectivos tienen como objetivo obligar a las empresas a cumplir los requisitos sociales necesarios y se concretan en un conjunto de iniciativas, entre las que se incluye el refuerzo de instrumentos legislativos comunitarios, acciones con los agentes sociales o la promoción de buenas prácticas.
"Vamos a hacer una lista de buenas prácticas" y también "tendremos una lista de las sociedades que no cumplan las normas mínimas sociales", precisó la comisaria Diamantopoulou, quien no descarta la posibilidad de realizar una reasignación de créditos del Fondo Social Europeo (FSE) hacia las regiones o sectores más afectados por las pérdidas de empleos.
La responsable comunitaria de Empleo destacó, además, que es la primera vez que el Ejecutivo comunitario presenta un plan de acción que incluye "una propuesta de garantías legales eficaces para los trabajadores en materia de información y de consulta previa, y un llamamiento a las empresas para que pongan en marcha una planificación precoz y eficaz de las reestructuraciones".
Asimismo, Diamantopoulou subrayó la importancia de que se abra un debate sobre la forma de orientar otras políticas comunitarias, como las de competencia, a las ayudas de Estado y a los fondos estructurales, para satisfacer las nuevas necesidades de las empresas y de los trabajadores en un entorno económico y comercial en constante cambio.
Por ello, la comisaria envió una carta al responsable comunitario de Competencia, Mario Monti, en la que le comunicaba la importancia de reforzar la cooperación en el seguimiento de la puesta en marcha de la normativa comunitaria vigente, como la relativa a las fusiones y adquisiciones, y a las consecuencias sociales de este tipo de operaciones.
"En caso de despidos colectivos, hay que preparar a los trabajadores", según Diamantopoulou, quien precisó que la mayoría de las empresas no prevé la formación de su plantilla y prueba de ello es que sólo el 16% de los trabajadores europeos obtiene formación financiada por la empresa.
Por lo que se refiere a la posibilidad de sancionar a las compañías que no cumplan unas condiciones mínimas en materia social, la comisaria se mostró partidaria de poner en marcha esta iniciativa, ya presentada por la CE, pero rechazada por 11 de los 15 Estados miembros.
Sólo en tres de ellos -España, Grecia y Portugal- se aplica algún tipo de sanción a nivel interno, pero eso no quiere decir que estos tres países se incluyan entre los cuatro partidarios de aplicar sanciones que, según fuentes de la Comisión, deberían ser "disuasorias".