Rato suprime a EDP y Ferroatlántica el voto en Cantábrico

El Ministerio de Economía ha suspendido cautelarmente los derechos de voto de EDP y de Ferroatlántica en Cantábrico cuando queda una semana para la junta de accionistas de la empresa asturiana en la que prácticamente todos los miembros de su consejo de administración, incluido el presidente, âscar Fanjul, presentarán su dimisión. El Gobierno decidirá posteriormente si aplica la limitación al 3% a los derechos políticos de los citados socios.

La decisión del Ministerio de Economía de suspender temporalmente los derechos políticos de los accionistas de Cantábrico, con participación estatal extranjera, parece ser el paso previo a la aplicación de la ley que los limitará al 3%, con independencia de su participación en el capital. Ese tema deberá ser posteriormente aprobado por el Consejo de Ministros. Con esta medida previa, una semana antes de la junta de accionistas de la eléctrica asturiana, que se celebrará el 17 de mayo, el Ejecutivo intenta evitar que un pacto entre los actuales socios de Cantábrico escape a la aplicación de la normativa.

Ahora, con la incoación de un expediente a las inversiones de Electricidade de Portugal (EDP) y Ferroatlántica, la gestión de la eléctrica queda de hecho en manos de la entidad financiera asturiana, que permanece en el consejo y mantiene los derechos de su 10% al igual que la empresa de seguros Caser, unida a la caja, que tiene un 5% adicional.

De los accionistas individuales de referencia sólo permanece Pedro de Silva, ex presidente del Principado, que no vendió sus acciones a Ferroatlántica. El menos perjudicado de los dos socios extranjeros de Cantábrico por la decisión de Economía es EDP, que mantiene una alianza estratégica con Cajastur, ya que la suspensión de derechos sólo afecta a la sociedad mixta Adygesinval, que adquirió la participación de la estadounidense TXU.

Por el contrario, el grupo alemán Energie Baden-Württemberg (EnBW), que ha sido el soporte financiero de la OPA del grupo Villar Mir sobre la compañía asturiana, que alcanzó casi el 60% del capital con una inversión de 300.000 millones de pesetas, se queda ahora con la incertidumbre sobre la validez estratégica de su inversión. Y es que el argumento utilizado por Juan Miguel Villar Mir respecto a que la empresa que lanzó OPA es española no parece haber calado en el Ministerio de Economía. EnBW prevé tomar el 50% de Ferroatlántica a través de una ampliación de capital. La compañía tiene un plazo de 10 días para recurrir la decisión del Gobierno.

El departamento que dirige Rodrigo Rato señaló ayer que, según el disposición adicional 27 de la Ley 55/1999, "las entidades o personas de naturaleza pública y las entidades participadas mayoritariamente en cualquier forma por Administraciones públicas, que directa o indirectamente tomen el control o adquieran participaciones significativas de sociedades de ámbito estatal que realicen actividades en los mercados energéticos, no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a sus participaciones".

Esta norma, conocida en el argot del sector energético como la ley EDF (en referencia a la eléctrica francesa), se aplica además a EnBW, que está participada en un 25% del capital por la compañía gala. Además, en el grupo germano tienen participaciones entidades locales de su país. Por su parte, EDP está controlada en un 30% por el Estado portugués.

Las negociaciones que desarrollaban EDP y Cajastur, por un lado, y EnBW, por otro, tenían como objetivo aumentar la presencia del grupo portugués en el capital de Cantábrico hasta conseguir casi un equilibrio. Una posición que no era compartida por el socio español de la cuarta empresa alemana, el grupo Villar Mir. Además, las negociaciones comprendían el reparto igualitario del consejo y de la gestión. En caso que Villar Mir fuese consensuado como presidente de Cantábrico, EDP iba a tener un vicepresidente ejecutivo o un consejero delegado. Ahora las conversaciones han quedado en suspenso.

EDP reaccionó ayer con tranquilidad a la decisión del Gobierno español, y la consideró una "medida rutinaria". Según medios consultados, las empresas afectadas podrían apelar a las autoridades comunitarias, aunque ésta no parece ser la posición del grupo portugués. El comisario comunitario Mario Monti manifestó que la entrada de EDP y de EnBW en Cantábrico en materia de competencia era potestad suya, pero que alguien impida la aplicación de la norma contra las empresas con participación estatal tiene escasas posibilidades de éxito.

 

Marcar el campo para que jueguen las empresas españolas

La decisión del Ejecutivo presidido por Aznar ha marcado nuevamente el campo sobre el que deben jugar las empresas eléctricas y, también, sus accionistas. Fuentes consultadas aseguran que el Gobierno facilita con su política situar las líneas no más allá de las fronteras nacionales y no impedir operaciones entre empresas españolas del mismo sector.

En esta línea, según los mismos, se enmarcaría la línea abierta por Endesa para poner en marcha un plan de desinversión de activos de generación en España. Este diseño, anunciado por la compañía presidida por Rodolfo Martín Villa, le permitiría aligerar las trabas administrativas y políticas para afrontar un nuevo intento de fusión con Iberdrola. El objetivo, es decir, la creación de un gran grupo eléctrico con intereses en diferentes negocios y con proyección internacional, sería el mismo, pero buscando un camino diferente al que intentó andar cuando quiso absorber a la compañía vasca. El dibujo, pues, sería ahora diferente y la integración entre ambas eléctricas se interpretaría como una fusión entre iguales, una percepción que no tuvieron BBVA y BBK, los accionistas de referencia en la empresa vasca cuando Endesa intentó hacerse mediante una OPA pactada con Íñigo de Oriol. Ahora ese mensaje se podría cambiar.

La puerta sigue abierta. Mientras Endesa anuncia desinversiones multimillonarias en activos de producción y desvela su escaso interés por estar en el campo de las telecomunicaciones, Iberdrola asegura que se desprenderá de sus participaciones en empresas no vinculadas directamente al sector eléctrico, salvo el 4% del capital que tiene en Electricidade de Portugal (EDP). Estas ventas le pueden proporcionar importantes ingresos y buenas plusvalías para afrontar operaciones de inversión ligadas al negocio eléctrico y localizadas en España, México, EE UU y Canadá.

 

Baviera reducirá su parte en el capital de la eléctrica Eon

Para obtener el visto bueno de las autoridades estadounidenses a la compra de la británica Powergen, que tiene una filial en Kentucky, el grupo eléctrico alemán Eon, resultado de la fusión de Veba y Viag, está negociando con el Estado federado de Baviera y la aseguradora Allianz para que reduzcan a menos del 5% sus paquetes accionariales.

En Estados Unidos está prohibido que en una empresa eléctrica haya accionistas ajenos al sector que detenten más del 5%.

Un portavoz del Gobierno regional, sin embargo, afirmó ayer que la reducción de capital podría tardar hasta "cuatro o cinco años" y dependerá de las oportunidades que brinde el mercado. El valor de la participación bávara, que es algo más del 5%, asciende a cerca de 4,6 millardos de marcos (391 millardos de pesetas).

Un poco menos del doble de esta cifra es lo que representa el 10% que Allianz mantiene en el capital de la eléctrica. A la vista de ambas futuras ofertas, la cotización de Eon cayó ayer cerca de un 2% en la Bolsa de Francfort.

Eon comunicó ayer que ha cerrado su adquisición de la mayoría del capital en Sydkraft, la mayor eléctrica privada de Suecia, por la que ha pagado 700 millones de euros.

Iberdrola

La eléctrica Iberdrola informó ayer a la CNMV de sus planes de inversión: 8.650 millones de euros (1,4 billones de pesetas) en el periodo 2001-2005. De esta cantidad, 5.400 millones de euros (898.484 millones de pesetas) se destinarán a España y el resto, 3.250 millones de euros (540.754 millones de pesetas), a América.

Estos datos se habían presentado en un seminario para analistas realizado el pasado 24 de abril. Iberdrola baraja la posibilidad de vender sus participaciones en la petrolera Repsol YPF, en Telefónica y Telefónica Móviles, en la eléctrica portuguesa EDP y en Cementos Portland, valoradas en 1.700 millones de euros, cuando las condiciones estratégicas y de mercado lo aconsejen.