Las grandes ciudades estrechan el cerco a las antenas de móviles

Los grandes ayuntamientos de España se están sumando a la iniciativa de varios pequeños y medianos de tomar medidas dirigidas a controlar más de cerca la instalación de antenas de telefonía móvil en los edificios. Ante la duda de si afectan o no a la salud y pese al vacío legal en esta materia, unos han suspendido temporalmente la concesión de instalaciones y otros siguen la única recomendación europea para establecer unos mínimos de seguridad.

Ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia comienzan a seguir los pasos de pequeñas localidades que limitan o suspenden temporalmente la concesión de licencias de antenas de telefonía móvil ante la posibilidad de que afecten a la salud.

En general, expresan su malestar por "el vacío legal existente en este aspecto, sobre todo cuando reciben cada vez más quejas de vecinos que afirman estar sufriendo de una u otra manera la exposición a las ondas electromagnéticas que generan". Mientras el Ministerio de Ciencia y Tecnología elabora un reglamento sobre "servidumbres, límites de exposición y otras restricciones a las emisiones radioeléctricas", los ayuntamientos se ven obligados a tomar cartas en el asunto y actuar en cada caso.

De momento, la Concejalía de Medio Ambiente de Madrid, pilotada por Adriano García-Loygorri, ha encargado a la Universidad Carlos III un estudio para determinar los posibles daños a la salud que puede acarrear la proliferación de las antenas (suman ya 6.000). El análisis se centra en los edificios que están bajo influencia de las mismas y zonas con mayor densidad de población, como hospitales y colegios. Según fuentes del ayuntamiento madrileño, "no se aprobarán medidas hasta conocer las conclusiones del estudio".

Sin embargo, otros ayuntamientos, como el de A Coruña, las tres capitales valencianas y Murcia, han decidido suspender temporalmente la concesión de licencias de antenas por prevención. Una medida que también han adoptado los ayuntamientos de Santiago de Compostela y Zaragoza.

Otras localidades, como Pamplona, León, Vitoria o Bilbao, consideran que no cuentan "con el soporte legal para impedir la instalación de antenas", por lo que no suspenderán la concesión de licencias, pero limitarán su instalación con unos requisitos en materia de seguridad.

En algunos casos acotarán la concesión de antenas a las operadores basándose en la única recomendación europea que existe en la materia. En ella se desaconseja una distancia inferior a seis metros entre la vivienda y la antena, y de 54 metros, si se trata de un colegio u hospital.

Ordenanzas

En general, los ayuntamientos hablan de elaborar ordenanzas encaminadas a regular las limitaciones en las instalaciones. El consistorio de Bilbao, por ejemplo, ha delimitado la distancia entre las fuentes de emisión y cualquier punto accesible del propio edificio en al menos 10 metros. En cuanto a la potencia radiada efectiva no podrá superar los 1.000 vatios.

La Generalitat de Cataluña también ha decidido ceñirse a la recomendación de Bruselas y actualmente el Departamento de Medio Ambiente ha elaborado un proyecto de decreto que espera consensuar en el Parlamento catalán en los próximos meses, informa Jordi Sacristán. En paralelo, Localred (consorcio de ayuntamientos catalanes para temas tecnológicos) ha preparado un modelo de ordenanza municipal con la finalidad de que los consistorios catalanes la trasladen a sus plenos para que la aprueben. Esta ordenanza obliga a los operadores a solicitar licencia urbanística y ambiental antes de colocar una antena de telefonía móvil. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ya tiene aprobada una ordenanza propia sobre antenas de telefonía móvil, pero en este caso se trata de un reglamento urbanístico que vela por el impacto visual de estos artilugios.

Cuestión de estética

Lo mismo sucede en León, que está elaborando una ordenanza reguladora basándose en condiciones urbanísticas y de estética. En este consistorio se estima que "la distancia entre la antena y la vivienda no debe ser menor a 20 metros".

Las tres capitales valencianas, que fueron de las primeras en suspender la instalación de antenas, no se han mostrado muy activas a la hora de resolver la cuestión con una ordenanza propia, informa Javier Alfonso. La Generalitat Valenciana no quiso saber nada del problema y ha sido la Federación Valenciana de Municipios y Provincias la que está intentando asesorar a los ayuntamientos de la comunidad, que casi en su totalidad tienen suspendida la concesión de licencias.

En la Región de Murcia, donde la oposición vecinal a las antenas ha tenido un éxito casi total, están a la espera de lo que diga el ministerio. Esta comunidad ha clausurado 44 antenas, un tercio del total.

Una de las capitales pioneras en la regulación de las antenas fue Zaragoza, que aprobó su ordenanza el 27 de octubre de 2000. Sin embargo, la norma no llegó a entrar en vigor, con lo que se han vuelto a iniciar los trámites para limitar la instalación de las antenas.

 

Dudas sobre los efectos de las ondas en la salud

Existe una gran confusión sobre la incidencia de las antenas de telefonía móvil en la salud humana. Técnicos de los grandes ayuntamientos han señalado que la situación es contradictoria. Por un lado, "existe la necesidad de dar cobertura a una población que exige el mantenimiento de las antenas en los tejados de la ciudad y, por otro, aumentan las quejas de vecinos que dicen estar afectados por estas antenas. De momento, algunos estudios hablan de problemas de insomnio, irritabilidad, mareos, dolores de cabeza y otras afecciones. Sin embargo, otros desmienten estos efectos. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones considera que "las ondas electromagnéticas que emiten constituyen un tipo de emisión radioeléctrica no ionizante, pues su energía es de un nivel muy inferior al necesario para ser perjudicial". Para los ingenieros la clave está en cumplir los límites de potencia de estas emisiones radioelécticas. Existe una recomendación europea en este sentido que advierte sobre la exposición del público a los campos electromagnéticos (hasta 300 Ghz).

Según los ingenieros de telecomunicaciones, "en ella se establecen unos valores máximos, 50 veces por debajo de lo que científicamente se ha comprobado que son inocuos".

También el catedrático de Electromagnetismo de la Universidad de Murcia, José Margineda, cree que el miedo a las antenas de telefonía móvil se debe a "falacias que han crecido como una bola de nieve y a la falta de normativas que regulen el sector". Margineda estima que esta regulación debería obligar a las empresas a informar sobre sus condiciones técnicas, emisión y hasta qué punto esa emisión podría llegar a niveles peligrosos o no, hecho que actualmente no se conoce".

Grupos ecologistas han presentado numerosas alegaciones al anteproyecto que elabora el ministerio y han dicho que está hecho "a la medida de las operadoras".