La OCDE culpa al mercado laboral de la escasa productividad española

Los economistas encargados de elaborar el informe económico y social sobre España lamentan la escasa productividad del sistema productivo español, imputable a las rigideces de todos los mercados de bienes, servicios y factores, pero especialmente del laboral. Criticaron ayer en París también la excesiva generosidad del sistema de protección por desempleo y del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Los funcionarios de la OCDE repasaron la coyuntura económica española y detectaron varios riesgos de su crecimiento. La organización, que representa a 30 países, afirmó en París, un día después de presentar las nuevas proyecciones económicas para este año y el próximo, que el gran problema económico de España es su falta de productividad, que, según la organización internacional, se debe a la falta de reformas estructurales más profundas en el mercado laboral, la creación de empleo poco productivo y la rigidez del mercado de bienes, especialmente el sector energético, lo que provoca mayores costes de producción. Los observadores de la OCDE también califican de excesivamente generosos los subsidios al desempleo y las pensiones.

La OCDE prepara un informe sobre la evolución económica y social en España, que estará listo a finales de junio. Algunos de los aspectos de este informe se incluirán en la versión definitiva del informe sobre la coyuntura económica mundial, que se publicará dentro de tres semanas. El jueves, la OCDE presentó en París la versión preliminar del informe. En él, la organización calificó la reforma laboral aprobada recientemente de "tímida", ya que únicamente se basaba en una prórroga de la que ya se había ensayado desde 1997 tras el pacto con los sindicatos, y cifró las previsiones de crecimiento en el 2,9%, tanto para este año como para 2002.

Crítica a las pensiones

Por otra parte, el sistema de pensiones recibió las críticas del economista de la OCDE Claude Giorno. "El Pacto de Toledo ha creado unas pensiones demasiado generosas", opinó Giorno, que pidió una "revisión decidida del pacto", porque representa "un grave problema" para la estabilidad económica a largo plazo. El economista no acepta que los trabajadores españoles reciban el 100% de la media salarial de los últimos 15 años laborales, los de sueldos más altos, mientras que en la UE se tiende a que los jubilados perciban entre el 70% y el 80% del sueldo medio de toda su vida laboral.

El analista afirmó, además, que el crecimiento de los fondos privados de pensiones es "mínimo" en España y "no responde al gra-ve problema del envejecimiento".

Una de las claves para la escasa productividad española está en que "los nuevos empleos que se crean se concentran en sectores poco productivos, como, por ejemplo, la construcción", afirmó Giorno.

En esta línea, Pablo Antolín, analista demográfico, advirtió de que España perderá aproximadamente ocho millones de personas en 50 años. La contracción de la población será del 15%-20% por la caída en picado de la tasa de natalidad.

"El coste de las pensiones de jubilación supondrá para España el doble que la media de la OCDE en porcentaje de PIB. Se pasará de cuatro personas en edad de trabajar por cada jubilado, a 1,3 personas en edad de trabajar por cada jubilado", explicó Antolín, quien no quiso adelantar las cifras exactas de porcentaje de PIB que suponen las pensiones, porque éstas se publicarán en el informe definitivo de la OCDE sobre coyuntura económica mundial, que saldrá a la luz a principios de junio.

Giorno propone como una de las soluciones al problema del envejecimiento facilitar que las personas puedan seguir trabajando pasada la edad de jubilación: "Es lógico que si una persona vive más, trabaje durante más años".

Inflación

Miguel Jiménez, analista de la OCDE en políticas macroeconómicas, opina que el potencial de productividad español no tiene muchas posibilidades de crecer significativamente. Por eso la institución estima que se mantendrá la rigidez en la inflación subyacente, la que descuenta factores coyunturales como los precios energéticos, y sus previsiones en este sentido son más pesimistas que las de otras entidades internacionales.

El Fondo Monetario Inter-nacional (FMI) estima que el crecimiento de los precios en España será del 2,9% este año y del 2,3% en 2002; la Comisión Europea cifra la proyección inflacionista en el 3,2% y en el 2,3% para este año y el próximo, respectivamente; mientras tanto, la OCDE prevé un crecimiento del IPC del 3,2% y del 2,8% en los años señalados.

Los expertos de la OCDE criticaron la levedad de la estabilidad financiera del Estado en España, y reclamaron nuevos recortes en los gastos públicos, así como un incremento de las cargas fiscales para equilibrar las cuentas de forma estructural y estable.

 

Más ingresos fiscales y menos gasto público

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) repasó ayer el sistema fiscal español y afirmó que la garantía de estabilidad económica a largo plazo pasa por un mayor ajuste presupuestario y un crecimiento de la carga fiscal, que según la organización está muy por debajo de la media europea.

En el encuentro reservado a medios españoles, la OCDE extendió sus críticas al sistema fiscal y a algunos de sus incentivos.

"Sería positivo trabajar para reducir la segmentación impositiva en el mercado laboral", sugirió la analista Isabelle Joumard.

La funcionaria de la OCDE también afirmó que hay margen para subir el IVA, porque es muy inferior a la media europea, y criticó los incentivos "demasiado generosos" para la compra de viviendas. "Los ahorros se concentran en la adquisición de viviendas en lugar de hacerlo en otros sectores más productivos. En un país en el que el 70% de la población es propietaria es muy difícil estimular la movilidad laboral, necesaria para flexibilizar el mercado del empleo", comentó Joumard.

El equipo económico de la OCDE reconoció que hay poco margen de maniobra en materia de gasto público por el desarrollo de infraestructuras y las presiones en materia de cobertura sanitaria, aunque Joumard expresó su apoyo al plan del Ministerio de Sanidad para recortar gastos en los medicamentos.

Sobre la cesión de impuestos especiales a las comunidades, la analista apostó por una cesta que incluya el impuesto de matriculación y las ecotasas.