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INTERNACIONAL

La reforma fiscal de Vicente Fox sufre un nuevo retraso

México, con un 88% del presupuesto comprometido en deuda o gastos corrientes, necesita una reforma fiscal tanto como la paz de Chiapas. Por más que la deteriorada Hacienda pública pide a gritos ingresos diferentes al crudo, diputados y senadores propios y ajenos están dando al presidente Vicente Fox más de un quebradero de cabeza.

La aprobación de la Ley de la Nueva Hacienda Pública precisará de un periodo extraordinario de sesiones sobre cuya convocatoria no hay acuerdo. Los analistas coinciden en que Fox no supo convencer a su Partido de Acción Nacional, conservador, con 207 escaños, de las bondades de su reforma.

Principalmente, porque se lo presentó como cosa hecha y la descortesía escoció a un partido que se siente "utilizado" por Fox para llegar al poder.

Paralelamente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 209 escaños, no perdió la ocasión de criticar la propuesta de generalizar el IVA a alimentos y medicinas en contra de una población con 40 millones de pobres. Pa-ra dar su visto bueno a la reforma, el PRI ya ha obtenido del Gobierno una participación para Estados y municipios (donde aún mantiene importantes cotos de poder) del 30% de los 13.000 millones de dólares adicionales que aportará la reforma a las arcas públicas. El presidente del Colegio de Economistas de México, David Colmenares, considera que hay temor porque la impopular subida de la tasa del IVA del 10% al 15% en 1995 impidió a Ernesto Zedillo aplicar otras medidas. "Pero el costo va a ser más alto si no se lleva a cabo la reforma fiscal", agrega. La agencia calificadora Stan-dard and Poor's ha convertido la aprobación de la reforma en condición imprescindible para otorgar a México el deseado grado de inversión, ya concedido por Moo-dy's, que provocaría la entrada en su mercado de los fondos inversores más conservadores y disminuiría las elevadas tasas de interés real, que rondan el 9%.

Algunos analistas lamentan la demora en la aprobación de la reforma fiscal debido a su efecto restrictivo sobre la economía en un momento de desaceleración. Sumado a la política de hierro del banco central de México en materia monetaria para cerrar el año con una inflación de 6,5%, frente al 9.5% de 2000, podría tener efectos negativos ante el deterioro en la actividad de EE UU, cuyos efectos ya percibe México.

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