Múgica niega el encargo de dictámenes favorables a la Ley de Extranjería
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, negó ayer haber ofrecido a varios catedráticos de Derecho Constitucional la elaboración de dictámenes que justificaran la constitucionalidad de la Ley de Extranjería, a cambio de 1,5 millones de pesetas por trabajo. Según difundió ayer la Cadena Ser, algunos de los catedráticos receptores de la oferta la rechazaron por considerarla poco ética, ya que el encargo limitaba su independencia y su libertad de pensamiento al pedírseles un informe "pro parte" y no un dictamen "pro veritas".
Según la citada emisora, el objetivo del Defensor, Enrique Múgica, era sumar argumentos jurídicos para evitar recurrir la ley. Al final no interpuso el recurso ante el Constitucional, a pesar de que recibió 672 peticiones individuales y de 99 colectivos para que recurriera la norma.
Los cuatro catedráticos que elaboraron los dictámenes para el Defensor fueron Pedro de Vega, Enrique Álvarez, Alberto Pérez y Francisco Fernández. Según el Defensor, el "único criterio" que le orientó al pedir estos trabajos fue buscar la "competencia profesional y especializada", así como conseguir "la máxima expresión de pluralidad de opiniones por parte de los eminentes juristas" que elaboraron los informes. Dicho encargo, añade la Oficina del Defensor, "ha dado lugar a unos honorarios razonables por los servicios de la institución, sin que se hubiera puesto previamente precio a los dictámenes".
Una semana después de renunciar a recurrir la ley, paso que sí dio el PSOE y ocho parlamentos autonómicos, Múgica compareció ante la prensa para justificar su decisión, armado de un amplio dossier jurídico cuya autoría no dio a conocer. El Defensor consideró entonces que, de haber recurrido la norma al Constitucional, hubiera incurrido en implicaciones políticas y violado la independencia de la institución que representa.
A partir de los dictámenes que elaboraron para la Oficina del Defensor varios catedráticos, Múgica concluyó que la Ley de Extranjería es constitucional, porque determinados derechos fundamentales, como los de sindicación y huelga, sólo deben reconocerse a los ciudadanos españoles, salvo que la ley o los tratados internacionales los amplíen a los extranjeros.
La Ley de Extranjería ahora en vigor no reconoce estos derechos como tampoco los de reunión, asociación y manifestación a los inmigrantes que no disponen de la documentación reglamentaria para residir en España.