Xfera exige al Ejecutivo una reducción del 85% en la tasa del móvil

Los recursos contra la tasa por utilización del espectro radioeléctrico impuesta por el Gobierno empiezan a materializarse. Airtel interpuso ayer un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), organismo que depende del Ministerio de Hacienda; Amena ya anunció hace semanas su intención de hacerlo y Telefónica Móviles lo hará hoy.

La única que ha optado por una estrategia alternativa ha sido Xfera, que ha presentado un recurso de reposición ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología para exigir una rebaja del 85% en el importe que tiene que pagar.

Entre las cuatro operadoras celulares tendrán que hacer frente, según el Gobierno, al pago de 140.000 millones de pesetas, de los 160.000 millones anuales con los que el Ejecutivo ha gravado el uso del espectro radioeléctrico.

Con estos hechos, las operadoras han cumplido su amenaza de pelear en los tribunales una tasa que consideran que puede acabar con el negocio de la telefonía móvil al hacer "inviables los planes de negocio", sobre todo, de la tecnología de tercera generación UMTS. La decisión del Gobierno de intentar rentabilizar el espectro y de compensar con la tasa lo que no recaudó con el concurso de UMTS también ha afectado a las operadoras de telefonía local vía radio, que igualmente han anunciado una pelea en los tribunales.

Orden de licencias

Xfera, el cuatro operador de UMTS, ha roto la unanimidad de acción de sus compañeras porque considera que "es distinta" y como tal tiene que ser tratada. Esta compañía puso, el pasado día 10, un recurso de reposición ante la Secretaría de Comunicaciones de Ciencia y Tecnología en el que exige que su tasa (de 25.000 millones) sea anulada y que se remita otra que incluya una reducción del 85%.

El argumento de Xfera, según un portavoz oficial, es que ella no tiene actividad ni ingresos todavía y que está siendo gravada por un espectro que no tiene explotación comercial. Y en su defensa esgrime la Orden de Licencias de 1998, que establece que los operadores sin explotación comercial tienen derecho a una deducción del 85% en las tasas a cobrar.

El recurso de sus competidoras ante el TEAC permite retrasar hasta el fallo, en caso de que éste sea negativo, el pago con la mera presentación de un aval.