La nueva Ley de Urbanismo catalana aumenta competencias municipales y reduce trámites
El proyecto de Ley de Urbanismo que el Gobierno catalán aprobó el martes intenta conjugar las necesidades de crecimiento urbanístico con la utilización racional del territorio. Para que este crecimiento sostenible sea posible, la Generalitat ha optado por implicar al máximo a los ayuntamientos, dotándolos de nuevos instrumentos para planificar su política de suelo y de vivienda. Entre las nuevas potestades municipales se encuentra la de crear reservas de suelo para atender a las necesidades de vivienda de protección pública.
Para poder ejercer plenamente sus competencias, los ayuntamientos deben aprobar un programa de actuación urbanística municipal (PAUM) en el que se concretan sus prioridades a medio plazo. La Federación de Municipios de Cataluña (FMC) considera que la nueva ley recorta sus competencias, porque obliga a concertar los PAUM con la Generalitat.
El proyecto de ley simplifica los procedimientos urbanísticos, eliminando los estudios de detalle. Introduce también mecanismos para facilitar la actuación de los agentes urbanizadores, promotores y propietarios.
La futura ley será aprobada previsiblemente, con los votos del PP, aunque esta formación prevé presentar bastantes enmiendas.