La UE exige igualdad de trato para los fondos de pensiones de los Quince

La Comisión Europea podrá abrir expediente, e incluso presentar denuncias ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, contra los países que impongan una discriminación fiscal contra los fondos de pensiones complementarios de empresa radicados en otro país de la Unión.

El Ejecutivo comunitario aprobó ayer una "comunicación" que define una estrategia para asegurar que el tratamiento fiscal que los países dan a los sistemas de pensiones de empresa no discrimina a los fondos de otro Estado miembro.

El comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, que afirmó ayer al respecto que las normas del Tratado de la UE sobre libre circulación de personas y capitales "deben ser de aplicación directa".

La Comisión Europea está examinado ahora las legislaciones de los Quince para ver si cumplen las disposiciones del tratado. Según un examen preliminar, la ley española impone restricciones discriminatorias a la contratación de un fondo profesional en otro país porque no permite al trabajador deducirse de sus impuestos las contribuciones en las mismas condiciones que si se tratase de un fondo español.

Junto a España están Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia. El comisario explicó, además, que la iniciativa del Ejecutivo comunitario se refiere sólo a uno de los tres "factores" de los sistemas de pensiones, los fondos complementarios de empresas, no a los sistemas públicos de seguridad social ni a los fondos contratados individualmente por un trabajador.

Respecto a las repercusiones para las empresas, el responsable comunitario dijo que una multinacional con trabajadores en los 15 Estados miembros podría ahorrar hasta 40 millones de euros al año si pudiera unificar a todos sus empleados en un solo fondo de pensiones. La comunicación de la Comisión podrá ser esgrimida por las compañías para iniciar acciones legales en los tribunales nacionales, añadió.

Bolkestein no precisó qué plazo dará Bruselas a los Gobiernos nacionales para cumplir con el tratado. La Comisión quiere dejar tiempo a los Estados para que estudien la comunicación presentada ayer, por lo que las medidas no empezarán en el plazo de meses, pero tampoco habrá que esperar años.

En este sentido, precisó que la Comisión actuará con la "diligencia debida" para asegurar que los distintos regímenes fiscales sobre los sistemas de pensiones dejen de ser un obstáculo a la movilidad laboral y a la creación de un verdadero mercado de trabajo paneuropeo.