Aparicio afirma que las propuestas del PSOE ponen en riesgo el sistema
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer las propuestas alternativas de reforma laboral presentadas por PSOE e IU. Durante el debate parlamentario, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, reprochó al PSOE que su propuesta de rebajar las cotizaciones en la contratación de los trabajadores menos cualificados tendría un coste de más de 200.000 millones de pesetas, lo que pondría en riesgo el sistema de Seguridad Social.
El proyecto de ley de reforma laboral que desarrolla el decreto del Gobierno del pasado 2 de marzo pasó ayer otro capítulo de su tramitación parlamentaria. El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad de PSOE e IU, con sus correspondientes textos alternativos a este proyecto de ley.
La propuesta socialista -que fue rechazada por 177 votos en contra, 110 a favor y 17 abstenciones- tenía como iniciativa estrella una rebaja de cotizaciones de cuatro puntos para la contratación fija de los trabajadores de baja cualificación (aquellos de los grupos de cotización 6, 7, 10, 11).
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, criticó inmediatamente esta medida durante su intervención en el Pleno, al considerar que tendría un coste de 200.000 millones de pesetas en un primer momento, que podría aumentarse con su consolidación en años posteriores hasta los 900.000 millones de pesetas.
Estas elevadas cantidades comprometerían las cuentas públicas y del sistema de Seguridad Social, en opinión de Aparicio. Es más, según dijo, el PSOE propone cargar estas cuantías a las arcas del Estado, lo que "es un ejemplo claro de tirar la piedra y esconder la mano", cuando, recordó, "por otra parte piden la rebaja de impuestos".
Sin embargo, el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista, Jordi Sevilla, aseguró que dicho coste no llegaría siquiera a los 100.000 millones. Asimismo, defendió esta rebaja de cuotas al indicar que "sólo la izquierda política plantea hoy en España reducciones de las cotizaciones sociales", frente a la derecha, que prometió "cuantiosas" rebajas, pero al llegar al Gobierno "descubrió la posibilidad de utilizar el superávit de la Seguridad Social para financiar los gastos del Estado", dijo Sevilla.
Otra iniciativa de la enmienda socialista era la fijación de una indemnización del 7% de salario en los contratos temporales de menos de un año y del 4,5% de dicha remuneración en los eventuales de mayor duración.
La enmienda de IU -que fue rechazada por 178 votos en contra, 14 votos a favor y 111 abstenciones- proponía una bonificación de las cotizaciones sociales del 20% en la contratación de nuevos indefinidos y un recargo del 25% en las cuotas de todos los temporales. IU proponía, además, elevar a 35 días el periodo de vacaciones al año y crear un "bono de estudios" de 150 horas anuales para la formación de los trabajadores.
La "amnesia selectiva" y la huelga general
El debate parlamentario de ayer sobre la reforma laboral no pasará a la historia por su tensión dialéctica, si bien hubo un comentario del portavoz socialista, Jordi Sevilla, que logró exasperar al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. En un momento del debate, Sevilla acusó a los populares de tener "amnesia selectiva" por no recordar que cuando estaban en la oposición, apoyaron las huelgas generales que los sindicatos le convocaron al PSOE y haber criticado sistemáticamente las reformas laborales de los socialistas.
Aparicio elevó entonces el tono de su discurso para espetar a Sevilla que "las huelgas generales las convocaron algunos de los compañeros que están sentados con usted", en clara referencia a algunos diputados del PSOE que en su día fueron miembros y dirigentes de UGT.
La oposición lanzó también recurrentes reproches al Gobierno por haber "roto" el diálogo social al imponer una reforma laboral que está abocada al "marchamo del fracaso", dijo el portavoz de IU, Antero Ruiz. La respuesta de Aparicio a este punto fue que "difícilmente se puede estimular el diálogo social mediante una tanda de improperios e insultos a los empresarios", en alusión a las criticas vertidas previamente por PSOE e IU a la patronal.