La regulación de precios de Telefónica acentúa las presiones sobre el Gobierno
Las compañías telefónicas están presionando con fuerza al Gobierno ante la inminente aprobación, pasado mañana, de la nueva regulación de los precios de Telefónica, que tiene como asunto polémico la definición del proceso para el lanzamiento al mercado de los planes de descuento de la operadora dominante. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha repartido entre los implicados un borrador de la nueva reglamentación que ha desatado la guerra entre las operadoras implicadas y ha provocado una dura contestación de la patronal, Astel.
El Gobierno tiene nuevamente en sus manos un asunto espinoso que afecta al sector de las telecomunicaciones. El jueves, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudiará y dará el visto bueno al nuevo sistema de precios máximos de Telefónica, que incluye la aprobación del calendario para la subida de la cuota de abono desde las 1.642 pesetas actuales a 2.100 en los próximos años y el polémico tema de los planes de descuento de la operadora dominante.
Los planes de descuento de Telefónica han sido objeto de múltiples denuncias por parte de sus competidores desde que fueron puestos en circulación en 1998. Estas ofertas permiten a la operadora dominante alterar a la baja el sistema de precios regulados, mediante rebajas selectivas. Sus rivales aseguran que Telefónica sólo realiza este tipo de descuentos en los segmentos que se abren a la competencia y en tal magnitud que los expulsa del mercado.
Telefónica, por su parte, asegura que el trámite de aprobación de los descuentos es tan prolongado y costoso que, para cuando quiere poner en marcha las ofertas, sus competidores ya le han tomado la delantera.
La principal crítica de los competidores del ex monopolio es que estos descuentos se unirían a las rebajas a las que obliga el sistema de precios máximos de Telefónica y con las que el Gobierno busca compensar ante la opinión pública la subida de la cuota de abono.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha difundido entre las compañías afectadas una propuesta de regulación que no ha complacido ni a Telefónica ni a sus rivales. Desde hace semanas, todos los implicados han expresado por distintos medios su descontento con el objetivo de presionar al Gobierno y conseguir que la reforma del jueves sea lo más favorable a sus intereses.
Rebaja de precios
La propuesta de Ciencia y Tecnología, a la que ha tenido acceso este diario, incluye varias medidas para rebajar los precios de Telefónica y compensar así el coste político de la subida de la cuota. Entre ellas, está la flexibilización en la aprobación de los planes de descuento del ex monopolio. Astel, la patronal de las operadoras, que agrupa a la gran mayoría de las competidoras de Telefónica, ha contestado duramente al documento de Ciencia y Tecnología en el informe que ha remitido al Gobierno con sus alegaciones. El argumento fundamental de su crítica es que España tiene uno de los sistemas de precios máximos más exigentes de Europa, que obliga a rebajar los precios nominales de Telefónica en más de un 50% en larga distancia. Si, además, se flexibilizan los descuentos, las nuevas operadoras se quedarían sin margen para sobrevivir.
La reforma propuesta por Ciencia y Tecnología permitiría a Telefónica modificar las ofertas existentes en 15 puntos porcentuales con sólo una notificación, sin que tengan que recibir el visto bueno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
Asimismo, el documento propone reducir de 15 a 10 días el plazo que tiene la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para evaluar las propuestas de nuevas tarifas o descuentos de Telefónica.
Ambas medidas han sido criticadas por Astel, porque permiten al ex monopolio evitar cualquier control administrativo en sus descuentos y porque limitan la capacidad de reacción de sus competidores. La patronal propone, en cambio, que la CMT abra una consulta pública urgente cuando reciba las nuevas propuestas de tarifas para que consumidores y operadoras puedan alegar.
La propuesta de Ciencia y Tecnología incluye otras modificaciones, como prolongar el sistema de precios máximos de Telefónica hasta 2003. La regulación sólo establecía, hasta la fecha, una rebaja de la cesta de servicios telefónicos del 7% para este año y del 6% para el próximo ejercicio. Ciencia y Tecnología incluye el año de 2003, cuando la reducción debería ser del 2%.
Fuentes del sector aseguran que este esquema obligará a que las tarifas en provinciales, interprovinciales e internacionales se reduzcan más de un 50%. "Telefónica lo acepta porque está siendo compensada por otra vía (la subida de la cuota de abono), pero sus competidores no tienen esas otras vías de ingresos, así que la rebaja, unida a los descuentos, hace insostenible el esquema de competencia en España".
Las últimas variaciones propuestas por Ciencia y Tecnología pasan por que cualquier rebaja de los precios de interconexión sea repercutida íntegramente por Telefónica en las tarifas finales y por eliminar de la cesta con la que se computa el sistema de precios máximos el fijo móvil a partir de 2003, con la condición de que no se suba la tarifa.
Flexibilidad
Telefónica, por su parte, asegura que las críticas de Astel son desproporcionadas y forman parte de una campaña para aparecer como "víctimas de un operador dominante implacable". "Lo único que pretendemos con los descuentos", aseguran, "es rebajar la factura de los particulares, un segmento que se había quedado un poco al margen de la reducción de precios porque todos los nuevos entrantes se centran en las empresas, la parte más rentable del negocio".
Telefónica exige al Gobierno flexibilidad en la aprobación de sus planes de descuento, porque considera que el largo proceso de autorización la "ata de pies y manos", por lo que pierde toda capacidad de reacción comercial. A su juicio el sistema actual les perjudica "tal y como se demuestra con el hecho de que los nuevos operadores están ganando cuota de mercado sin hacer inversiones y utilizando nuestra red".
La operadora dominante ha perdido un 3% del mercado en tres meses
Telefónica considera crucial conseguir el próximo jueves la flexibilización de la regulación y del proceso de aprobación por el Gobierno de sus planes de descuento. Con este objetivo ha lanzado una llamada de atención sobre la desfavorable evolución de su cuota en el mercado español de las telecomunicaciones.
Según un documento interno de la operadora que preside César Alierta (dado a conocer por este diario el jueves 12 de abril), Telefónica había perdido un 11% del mercado hasta el pasado mes de marzo.
El dato es tanto más preocupante si se tiene en cuenta que en sólo 12 meses, durante el año 2000, perdió tanta cuota del negocio de telefonía fija como desde que se inició la liberalización de las telecomunicaciones en España. Formalmente, la desregulación se produjo en diciembre de 1998; no obstante, durante una década ya se habían liberalizado importantes segmentos de transmisión de datos y comunicaciones empresariales.
Ahora, desde que el 15 de noviembre se desregularizó el negocio de las llamadas locales (aunque hasta enero no se puede hablar de competencia efectiva a través de sistemas de telefonía indirecta, mediante prefijo) el proceso de pérdida de cuota de mercado de Telefónica se ha acelerado.
Documento interno
Así, durante la presentación a los analistas que siguió a la presentación de los resultados anuales de la compañía, ejecutivos de Telefónica reconocieron que el ex monopolio había finalizado el ejercicio de 2000 con una cuota de mercado del 92%.
El documento interno de Telefónica antes citado reconoce implícitamente que entre el 31 de diciembre de 2000 y 31 de marzo de 2001, la empresa ha cedido una participación en el negocio cercana a los tres puntos porcentuales, al situarse en una cuota del 89,2%.
La preocupación se centra en la caída en llamadas nacionales o internacionales, donde sus competidores han llegado a hacerse con porciones superiores al 20% del mercado.