La CE investiga las ayudas que dio España a los agricultores por el gasóleo
La Comisión Europea anunció ayer la apertura de una "investigación formal" sobre las ayudas concedidas por el Gobierno español a los agricultores para compensarles por el aumento de los precios del gasóleo en el año 2000.
Bruselas ha adoptado esta decisión al considerar que estas ayudas no son compatibles con la normativa de la UE, precisaron fuentes comunitarias. El Ejecutivo comunitario asegura en un comunicado que, "como regla general, este tipo de ayudas no puede ser autorizado por la Comisión Europea". En el caso de que la investigación confirme "las dudas" de la Comisión, el colegio de comisarios pedirá a las autoridades españolas que "recuperen estas ayudas de sus receptores".
El Gobierno español tiene un mes para enviar a la Comisión Europea los comentarios que considere oportuno hacer una vez que haya recibido la decisión que finalmente tomará Bruselas en este caso.
Tras el incremento del precio del gasóleo, el Gobierno español acordó para agricultores y ganaderos una deducción en la declaración del IRPF en el sistema de módulos, un aumento del IVA compensatorio y créditos blandos. Bruselas ha recibido, además, una queja sobre la modificación del régimen de impuestos para las cooperativas agrícolas, que "están vendiendo gasóleo agrícola a personas que no son miembros de estas cooperativas".
El sector pesquero se benefició también de bonificaciones temporales en las cotizaciones a la Seguridad Social, así como de créditos blandos, aunque la investigación formal iniciada no les afecta de momento.
El Ejecutivo comunitario invita a terceras partes interesadas en este caso a que le remitan sus comentarios u objeciones lo antes posible.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura anunció ayer que esperará a tener comunicación oficial sobre la investigación que la Comisión Europea ha decidido abrir, mientras que las organizaciones agrarias mostraron su "sorpresa" por ese anuncio.
El director general de la Confederación de Coopera-tivas Agrarias de España (CCAE), Eduardo Baamonde, aclaró que la investigación se refiere a las medidas de tipo estructural y no tiene relación con la parte del Real Decreto 10/2000 que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, para permitir la venta de gasóleo a terceros no socios.
Fuentes de Asaja calificaron la decisión de la Comisión Europea como "totalmente injusta", y destacaron que las ayudas que aplicó el Ejecutivo español eran de competencia nacional.