La fiscalía apoya al Gobierno en el conflicto planteado al Supremo por el 'caso Liaño'
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que declare improcedente el auto de la Sala Segunda del Supremo, por el que rechazó el reingreso en la carrera judicial de Javier Gómez de Liaño.
El Supremo se negaba así a aplicar el indulto concedido por el Gobierno al ex juez condenado por prevaricar en el caso Sogecable. por ser ilegal. Sólo aplicó el indulto gubernamental a la pena de 15 años de inhabilitación.
El fiscal, como viene haciendo desde el principio en el caso Liaño, apoya al Gobierno en el conflicto que tiene entablado con el Supremo por el indulto al ex magistrado.
El fiscal jefe de la Sala Tercera del Supremo, Rogelio Gómez Guillamón, defiende en su dictamen que la posición de la Sala Segunda fue improcedente por no aplicar "en sus propios términos" el decreto de indulto, cuando la prerrogativa de gracia es "competencia exclusiva del Gobierno", informa Europa Press.
La fiscalía sostiene que el Tribunal de Conflictos debe establecer que el Supremo "se excedió en sus facultades en este caso e invadió la potestad de gracia real instrumentalizada por el Gobierno". Añade que la Sala Segunda no tenía facultad para modificar el indulto de Liaño, de modo que su función debió limitarse a remitir el decreto al Consejo General del Poder Judicial "para su cumplimiento íntegro".
Para el fiscal, la interpretación del Supremo "ha dejado sin efecto real el indulto, o, si se quiere, le ha reducido a términos alejados de lo dicho en su texto, en su contenido material. Ciertamente, el tribunal aplicador no puede dar aplicación a una disposición que entiende contraria a la ley, pero de ahí no se desprende que pueda llevar a cabo una interpretación correctora, como aquí ha ocurrido. De la Ley de Indulto en ningún momento puede derivarse tal potestad modificadora".
En el informe afirma que la potestad de gracia, "es una potestad metajurídica, que sólo periféricamente está regulada en la ley".