Bruselas desconfía del acuerdo entre el Gobierno y Telefónica para subir la cuota

El conflicto entre Bruselas y el Gobierno español por la subida de la cuota de abono puede no haber terminado aún. La Comisión Europea continuará investigando el déficit de acceso de Telefónica, incluso si la operadora retira la denuncia contra el Ejecutivo. Bruselas desconfía de un reequilibrio que Madrid pregona por cuarta vez y que supone ahora elevar el pago fijo mensual a 2.100 pesetas.

La paz entre Madrid y Bruselas sobre el déficit de acceso se retrasa de momento. La Comisión Europea ya ha tomado nota de las subidas escalonadas hasta 2.100 pesetas al mes que el Gobierno ha autorizado al antiguo monopolio, aunque todavía no ha recibido la notificación oficial.

A la espera aún de los detalles, la Comisión adelanta ya que esta subida no pone fin al expediente que abrió contra el Gobierno, al que acusa de no cumplir el reequilibrio tarifario que imponen las normas comunitarias. "Seguiremos la investigación, incluso si Telefónica retira la denuncia que presentó", advierten fuentes próximas al comisario de Competencia, Mario Monti. Las mismas fuentes recuerdan que Bruselas inició el expediente de oficio en diciembre de 1998, y hasta cinco meses después no incorporaría al expediente la denuncia presentada por la empresa que entonces dirigía Juan Villalonga.

La Comisión Europea sigue dudando de que España haya cumplido el ajuste de las tarifas del ex monopolio para garantizar que los ingresos por conexión, alquiler de línea y llamada local cubran los costes del servicio más un margen estándar. Sobre todo, tras la visita del secretario de Telecomunicaciones, Baudilio Tomé, a Mario Monti el pasado 22 de noviembre de 2000 para explicar "la objeción de principio [del Gobierno]" al reequilibrio de tarifas sin restricciones.

Esta objeción, según consta en el dictamen motivado que Bruselas envió a España el 29 de enero para exigir la subida de la cuota y al que ha tenido acceso este diario de fuentes cercanas al Gobierno, se produce porque "ante la incertidumbre sobre el montante exacto del déficit, Telefónica podría fijar unas tarifas excesivas y efectuar después el reembolso percibido en exceso, lo cual no parece previsible", argumenta el Ejecutivo. El Gobierno no se fía de Telefónica; la Comisión no se fía de Madrid. Y, en este último caso, Bruselas se teme lo peor a la vista de los antecedentes.

Según describe el dictamen motivado, el 11 de febrero de 1999, "el Gobierno español afirmaba haber adoptado las medidas que tendían a la realización del reequilibrio, autorizando especialmente un aumento del precio del abono telefónico por orden [ministerial]".

Ante las dudas planteadas entonces por los servicios de Competencia, el 26 de abril de 1999 Madrid vuelve a comunicar a Bruselas que el proceso de reequilibrio sí ha concluido esta vez, tras las subidas aprobadas en el Decreto-ley 6/99 de 10 días antes.

Bruselas desempolva entonces la denuncia de Telefónica y concluye que, como acusa la operadora, es "difícil negar que, al menos en el ejercicio de 1998, subsistía un déficit de acceso, aunque el montante exacto (...) pueda ser objeto de discusión". La empresa de Villalonga reclamaba ese año 144.330 millones, calculados a partir de unos ingresos de 311.506 millones para un servicio cuyos costes se elevaron a 456.436 millones.

El Gobierno de Aznar cambia entonces de estrategia y en una carta de 20 de enero de 2000 reconoce, según la Comisión, de modo "implícito", la existencia de un desequilibrio tarifario. Pero rechaza las cifras aportadas por Telefónica por considerar que "no eran transparentes, que presentaban incoherencias y que estaba compuesta por una masa de cifras difíciles de aprovechar".

Madrid tampoco se arredra ante una auditoría externa de Arthur Andersen que indica que el aumento del precio del abono autorizado en 1998 reporta a Telefónica sólo la mitad de los ingresos que estima el Gobierno (7.700 millones de pesetas, según la auditora, frente a los 16.000 millones que calcula el Gabinete). "Incluso criticaron ese informe", recuerda la Comisión.

Llega entonces a Bruselas el anuncio de un tercer reequilibrio tarifario, esta vez también definitivo, según Madrid. El Decreto-ley de 15 de octubre de 1999 otorga a Telefónica aumentos en la cuota de abono del 6,9% en agosto de 2000, 6,5% en marzo de 2001 (recién realizada) y un 6,1% en agosto de este año, así como un nuevo reglamento de precios basado en la revisión de tarifas con un techo predeterminado en función de la inflación.

Bruselas responde de nuevo que "es improbable" que estas subidas "aseguren al operador los ingresos suplementarios suficientes para cubrir el déficit de acceso resultante de las cuentas del ejercicio precedente". El déficit histórico acumulado asciende ya, de acuerdo con los datos de Telefónica, a 308.093 millones, después de tres reequilibrios "definitivos".

Bruselas mirará ahora con lupa esta cuarta revisión de tarifas para comprobar si, una vez más, es definitiva.

 

Argumentos "contradictorios e inadmisibles"

El dictamen motivado enviado por Mario Monti al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, el pasado 29 de enero contiene referencias muy duras para la actuación del Gobierno español en el conflicto con la cuota de abono. En la última página del informe, Bruselas resume la situación y concluye que la argumentación "de las autoridades españolas, además de contradictoria, no es admisi-ble, mismamente desde su base".

La Comisión Europea también muestra un rechazo tajante a algunos argumentos concretos empleados por el Ejecutivo para asegurar que el reequilibrio tarifario ya se había hecho. Uno de ellos es la comparación con los precios de la cuota en otros países del Viejo Continente (rechazado de plano por Bruselas) o las recriminaciones del Ejecutivo a que la contabilidad ofrecida por Telefónica es incomprensible ("las autoridades españolas no pueden hacer valer su incapacidad para poner en marcha un sistema contable adecuado para justificar un retraso en el cumplimiento de la obligación de reequilibrio", sentencia la CE).

Bruselas también hace hincapié en lo abultado del desequilibrio económico que muestran las cuentas ofrecidas por Telefónica. Aunque la Comisión reconoce que no está en disposición de comprobar su veracidad, sí dice que el sistema de contabilidad utilizado para realizarlas es "aparentemente coherente". Y dado que muestran un déficit de acceso de más de 258.000 millones, Bruselas concluye que es "muy improbable" que una revisión del Gobierno con una contabilidad distinta lo elimine.