La débil demanda anticipa una nueva rebaja del precio de Iberia

Los inversores han dado la espalda a la oferta pública de venta (OPV) por medio de la cual Iberia sale a Bolsa. La demanda supera por escaso margen al papel ofertado y esa débil respuesta forzará una nueva rebaja en el precio de la compañía si la SEPI decide culminar la privatización.

Los bancos que coordinan la OPV de Iberia, BSCH y Merrill Lynch, cerraron ayer el libro de órdenes de la colocación para presentárselo al vendedor, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Pese a que las propuestas de compra que realizan los inversores en los tramos institucionales no son vinculantes, los bancos colocadores no habían logrado reunir demanda suficiente para cubrir la oferta a falta de unas horas para el cierre del plazo previsto.

La demanda era tan escasa que la SEPI incumplió la obligación de informar sobre ella antes del 27 de marzo, como mandaba el folleto de la colocación. El jueves, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió a la SEPI para que no ocultase esa información, y ese mismo día por la noche, la empresa estatal acabó facilitando las cifras de demanda.

Esas cifras desvelan que hasta el jueves la demanda de los grandes inversores no era suficiente para cubrir la oferta en los tramos institucionales, y ello a pesar del fuerte trasvase de títulos hacia el tramo minorista decidido en la noche del martes.

Según fuentes que participan en la operación, el aspecto del libro de órdenes era "deprimente". "Hay propuestas de compra a precios muy bajos e incluso ridículamente bajos", explicaban esas fuentes. Algunas de las entidades colocadoras creen que el éxito de Iberia en su estreno bursátil no está asegurado ni siquiera con un precio de la acción por debajo de 1,5 euros, el cual supondría valorar la aerolínea en 227.000 millones de pesetas. Ese precio es justo la mitad del que sirvió de referencia para la entrada de los socios institucionales en la compañía: 454.000 millones.

"Para dar recorrido a la acción en su estreno, las acciones deberían colocarse en el entorno de un euro, pero hace falta saber si la SEPI está dispuesta a vender a ese precio", señalaba un miembro del sindicato asegurador.

Los analistas consideran que los 1,97 euros (327,78 pesetas) que se fijaron el martes como precio máximo a pagar por los particulares "están fuera de la realidad". Ese precio, que valora Iberia en 300.000 millones de pesetas, está en la mitad alta de la banda orientativa contenida en el folleto de la colocación, la cual va de 1,71 a 2,14 euros.

El hecho de que la demanda haya cubierto a duras penas la oferta debería conducir, según las fuentes consultadas, a que el precio definitivo se sitúe no sólo en el límite inferior de la banda, sino por debajo del mismo. A 1,71 euros, Iberia estaría valorada en 260.000 millones.

La cuestión es cuánto se puede tensar la cuerda sin que se rompa. El consejo de la SEPI se reunirá hoy para estudiar las cifras de demanda y el domingo sus representantes deberán decidir el precio definitivo de acuerdo con las entidades coordinadoras de la operación. En caso de no haber acuerdo entre la SEPI, Merrill Lynch y BSCH sobre el precio, se produciría la "revocación automática total" de la oferta. El plazo límite para el acuerdo son las 2.00 horas de la madrugada del lunes.

Mínimo de 610 acciones

La SEPI y los bancos deberán decidir también si vuelven a ampliar el tramo minorista a costa de los institucionales, lo que parece muy posible ante la escasez de demanda de los grandes inversores. Tampoco es que haya mucha demanda de los pequeños accionistas. De hecho, en ninguna privatización de los últimos cinco años ha habido tan poca demanda de los particulares. Eso va a provocar que a los inversores se les adjudique casi la totalidad de las acciones solicitadas.

Quienes hayan pedido 200.000 pesetas, recibirán 610 acciones, mientras que los que hayan efectuado la petición máxima pueden recibir entre 19.000 y 24.000 títulos.

"La impresión es que a los particulares les van a adjudicar en muchos casos más acciones de las que desean, y que las ventas del primer día van a hacer caer la cotización sea cual sea el precio. Además, hay 55 millones de acciones en manos de empleados que compraron a 71 pesetas [0,43 euros], que llevan siete años con las acciones en cartera sin poder venderlas y que no tienen ningún compromiso de mantenerlas, así que pueden vender en los primeros días", señalaba ayer un intermediario.

 

Ángel Mullor, consejero delegado de la compañía aérea

La junta general de accionistas de Iberia dará hoy el visto bueno al nombramiento de Ángel Mullor como consejero delegado de la empresa. Mullor, actual director general de Iberia, es la mano derecha del presidente de la compañía, Xabier de Irala.

Los accionistas también abordarán la composición de un nuevo consejo de administración, con la incorporación de independientes, designados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Fernando Conte, Antonio Masa, José B. Terceiro y, muy probablemente, José Pedro Pérez Llorca serán nuevos consejeros de Iberia.

Fernando Conte es en la actualidad el primer ejecutivo de ABB en España. Antonio Masa es presidente de Cepyme y vicepresidente de la patronal CEOE. José B. Terceiro es presidente del consejo asesor de Abengoa, de Bioetanol Galicia y consejero del Grupo Prisa, de Aberdeen Prolific International Fund y del Consejo Económico y Social. José Pedro Pérez Llorca fue uno de los artífices de la Constitución y ocupó varias carteras ministeriales con UCD.

Acción de oro

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el viernes el real decreto de aplicación del Régimen de Autorización Administrativa Previa de Iberia, que fija las características de la acción de oro (golden share en inglés) que el Gobierno mantendrá en la empresa durante un periodo de cinco años.

El régimen de autorización previa entrará en vigor en la fecha en que la participación pública en Iberia quede reducida a un porcentaje inferior al 50% de su capital social y tendrá una vigencia de cinco años. Iberia sale a Bolsa el próximo 3 de abril. El Gobierno posee acción de oro en empresas como Endesa, Repsol, Indra y Telefónica.