Urralburu, Aragón y sus esposas van a prisión tras ordenarlo el Supremo
El ex presidente de Navarra, Gabriel Urralburu; el ex consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, y la esposa de este último ingresaron ayer en prisión por orden del Supremo, que estimó un posible peligro de fuga. El tribunal tramitó la orden de prisión tras hacer pública la sentencia del caso Urralburu, en la que rebaja las penas por "razones técnico jurídicas".
El Tribunal Supremo considera de "una acentuada gravedad" los hechos juzgados en el caso Urralburu e "insuficientes y benévolamente desproporcionadas" las sanciones que se prevén para estos casos en el Código Penal.
Sin embargo, el alto tribunal por "razones técnico jurídicas" rebaja las condenas que, en septiembre de 1998, impuso a los implicados la Audiencia Provincial de Pamplona por delitos de cohecho y delitos fiscales relacionados con el cobro de cientos de millones de pesetas en comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas.
El alto tribunal, al mismo tiempo que notificaba la sentencia, ordenaba el "ingreso inmediato en prisión" de los condenados por estimar que existía un posible peligro de fuga. Urralburu, Aragón y la esposa de éste último, Ana Isabel Romeo, se encuentran en la cárcel desde el mediodía de ayer. La esposa de Urralburu, Olivia Balda, tiene previsto presentarse esta mañana, ya que ayer se encontraba en Madrid.
El Supremo rebaja de 11 a cuatro años de cárcel la condena de Urralburu y la de Aragón de siete a tres años y ocho meses. También se les impone multa de 600 millones y nueve años de inhabilitación. La sentencia explica que rebaja las condenas porque la legislación vigente no permite condenar de forma acumulada por delito de cohecho y delito fiscal.
En su fundamentación el tribunal afirma que "los incrementos patrimoniales no justificados, en los que se fundamentan las condenas por delito fiscal, proceden de modo directo e inmediato de las dádivas obtenidas con el cohecho". Esta circunstancia hace que sea "incompatible la doble condena", ya que, según matiza, "la sanción por el delito continuado de cohecho absorbe los delitos contra la Hacienda pública derivados del mismo". En el caso contrario, según el Supremo, podrían quedar vulnerados principios constitucionales básicos, como el de legalidad.
Al rebajarse sustancialmente las penas, la permanencia en prisión podría no superar el año, en el caso de Urralburu, ya que tiene cumplidos seis meses en prisión preventiva.
En cuanto a las esposas de los ex altos cargos navarros, el Supremo les impone una multa de 300 millones de pesetas, además de los tres años de prisión a los que les condenó el tribunal de Pamplona, porque las considera no sólo encubridoras de un delito continuado de cohecho, sino "cooperadoras necesarias".
Respecto al ex director general de la Guardia Civil y ex delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán, el Supremo no varía su condena de tres años de prisión. Sin embargo, al ex directivo de Huarte, Jorge Esparza, se rebaja la pena de cuatro a tres años de cárcel por no tener la condición de funcionario. Ambos se encuentran en prisión por el caso Roldán.
Esta sentencia del Tribunal Supremo sienta jurisprudencia con relación a las condenas de cohecho que implican también delitos fiscales. Sin embargo, algunos expertos destacan que en el caso Roldán no se aplicó, ya que el ex director general de la Guardia Civil fue condenado por cohecho y por delito fiscal.