El Defensor del Pueblo renuncia a recurrir la Ley de Extranjería
Después de varias semanas de suspense, el defensor del pueblo, Enrique Múgica, militante del PSOE hasta su nombramiento, emitió ayer un comunicado en el que anunció su decisión de no presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería, a pesar de las peticiones que le han cursado más de 600 asociaciones.
Múgica afirma en el comunicado que la ley no es inconstitucional y añade que sigue el criterio de sus antecesores de no recurrir una norma cuando ya lo han hecho otras instancias. Además, el Defensor recuerda que el Tribunal Constitucional se pronunció en su momento sobre la plena constitucionalidad de la regulación de los derechos de reunión y asociación para los inmigrantes irregulares.
La decisión motivó un aluvión de críticas por parte de partidos políticos de izquier-da y sindicatos. La responsable de política social e inmigración del PSOE, Consuelo Rumí, manifestó que el Defensor del Pueblo "no se representa a sí mismo". "Nos ha sorprendido muchísimo sobre todo su apreciación de que la ley es constitucional, porque no es la función del Defensor decidir o no la constitucionalidad de una ley, sino presentar recurso ante las posibles dudas de constitucionalidad que le ha presentado multitud de organizaciones", añadió Rumí.
El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, aseguró ayer que la decisión del Defensor tiene una "sólida fundamentación". En la rueda de prensa posterior al Consejo, Cabanillas señaló que Múgica ha tenido en cuenta el dictamen del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, ha pedido información a especialistas en la materia, además de aportar su experiencia política. Tras su estudio, añadió el portavoz gubernamental, ha decidido no recurrir, por lo que "se deduce que la ley es constitucional".
El PSOE, el Parlamento de Navarra y los Gobiernos de Extremadura y Castilla-La Mancha interpusieron ayer recursos de inconstitucionalidad contra la citada ley.
El del Partido Socialista recoge múltiple jurisprudencia y también el contenido de numerosos tratados internacionales para defender los derechos fundamentales que deben amparar a todos los extranjeros residentes en España, con independencia de que tengan o no permiso de residencia.
La ley, en su redacción actual, niega los derechos de asociación, manifestación, sindicación y huelga a los inmigrantes que no tengan los papeles en regla, algo que vulnera la Constitución en opinión de la dirección socialista.