Monti defiende la liberalización total de tarifas en las profesiones liberales
La Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre las restricciones a la competencia que las diferentes legislaciones de los Estados miembros y, en especial, las prácticas de algunos colegios profesionales imponen todavía a la libre prestación de servicios. Abogados, contables, arquitectos, auditores, dentistas..., sufren, según Bruselas, incontables cortapisas al libre ejercicio de su profesión en diferentes Estados miembros.
El resultado de la investigación se conocerá en un informe este mismo año, según ha anunciado el comisario de Competencia, Mario Monti, en respuesta escrita a una pregunta del Parlamento Europeo, aunque sus servicios ya anticipan las prácticas que habrá que eliminar.
"Todas las tarifas, mínimas o máximas, impuestas por los colegios, e incluso las orientativas, deberán desaparecer", sentencian fuentes próximas a Monti. También se considerará ilegal la prohibición de la publicidad en cualquier profesión liberal impuesta por un colegio. Las mismas fuentes se apresuran a destacar que "la reforma no constituye un ataque contra los colegios, sino que se trata, simplemente, de promover la competencia". La Comisión se propone trazar una línea muy clara entre las reglas deontológicas de los colegios, a las que no afecta la política de competencia, y las normas sobre prácticas comerciales. En estas últimas, "los colegios no podrán decidir nada". Bruselas asegura que, como resultado, el consumidor se beneficiará de una oferta más barata y variada de servicios.
Por su parte la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo ha presentado a iniciativa de Ana Palacio, abogada y miembro del grupo parlamentario popular, una propuesta contraria a las pretensiones del comisario Monti. Considera que las tarifas no deben liberalizarse porque "las profesiones liberales son la expresión de un orden democrático fundamental basado en el Derecho". Además reconoce que "las tarifas obligatorias garantizan unos servicios de alta calidad a los ciudadanos".
Por ello, insta a la Comisión Europea a que de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no acuerde la liberalización total de tarifas. En la resolución se considera que "el objetivo de fomentar la competencia en las profesiones debe reconciliarse, en cada caso individual, con el objetivo de mantener las normas estrictamente deontológicas específicas de cada profesión".
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugenio Gay, está de acuerdo con el Parlamento de Europa. Opina que "una cosa es la liberalización, que es necesaria, y otra es entrar en la competencia sin barreras. Estamos hablando del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica a los ciudadanos y el Parlamento Europeo hace un llamamiento a ese respecto". El presidente del Consejo General de Arquitectos, Jaime Duró, considera que "hay ciertas actividades profesionales relacionadas con la seguridad de los ciudadanos que no pueden equipararse a otras sujetas al mercado. Lo contrario significaría que cualquier actividad que afecte a derechos fundamentales podría no satisfacer los derechos de algunos ciudadanos. Y yo esto no lo comparto".