El mal de las 'antenas locas' afecta a las operadoras

Tenga o no fundamento, la resistencia de los ciudadanos a las antenas de telefonía móvil crece y ha frenado la expansión de la red. Las operadoras luchan contra el miedo.

Las empresas de telefonía móvil tienen un motivo de preocupación que añadir a los de la tasa gubernamental y el retraso tecnológico de la tercera generación (UMTS). Se trata de los ciudadanos de a pie, que se niegan cada vez en mayor número a vivir cerca de las antenas y que han conseguido, de momento, paralizar la extensión de la red en casi toda la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y numerosos municipios de toda España.

La cuestión no es tanto si las ondas electromagnéticas que emiten las antenas son nocivas para la salud, aspecto sobre el que existen informes y estudios para todos los gustos y opiniones. El problema para las compañías de telefonía móvil es que el miedo se ha extendido de una forma que recuerda la alarma causada por el mal de las vacas locas, donde los ciudadanos entienden y aceptan el mensaje de que la ternera que hoy se vende en España no tiene ninguna posibilidad de transmitir el mal, pero compran pollo o cordero, por si acaso.

El rechazo a las antenas de telefonía surgió hace más de un año en el seno de las asociaciones de afectados por los campos electromagnéticos, que desde hace años luchan en España por alejar las torres de alta tensión de los núcleos urbanos.

Su influencia se fue extendiendo, especialmente a partir del verano pasado, a través de asociaciones de vecinos y colectivos ciudadanos, con el apoyo de partidos políticos como el PSOE e Izquierda Unida. Los alcaldes del Partido Popular se han opuesto en contadas ocasiones a las propuestas de suspensión de nuevas licencias planteadas por la oposición y apoyadas por los vecinos.

Guerra de informes

Las compañías telefónicas decidieron contrarrestar este avance mediante la difusión de numerosos estudios nacionales e internacionales. Los trabajos concluyen que las emisiones de ondas electromagnéticas de las antenas tienen un valor máximo muy por debajo de los niveles de referencia fijados internacionalmente. Y que "no existe evidencia científica" de que la exposición a campos electromagnéticos por debajo de estos niveles tenga efectos nocivos para la salud (Universitat Politècnica de Catalunya).

Estos análisis compiten con estudios también científicos de signo radicalmente distinto. El más popular en España es el del doctor Claudio Gómez-Perretta, cuya lectura produce escalofríos a la vista de los efectos que atribuye a estas ondas. Son, en-tre otros, fatiga, irritación, cefalea, náuseas, anorexia, mo-dificaciones de la frecuen-cia cardiaca y de la presión arterial, insomnio, alteraciones sensoriales, cataratas y diversos tipos de cáncer.

No obstante, la verdadera competencia de los estudios que manejan las operadoras de móviles está en las personas que manifiestan sentir estos efectos y exigen la retirada de las antenas de sus azoteas. Los ciudadanos no leen los informes, pero sí escuchan a los vecinos.

Según el director de comunicación de Telefónica Móviles, Javier García, la compañía ve con preocupación y sensibilidad la creciente oposición a las antenas. "Es un efecto contagio que se hace bajo la óptica de una alarma infundada".

Lo que ya ha sido bautizado como mal de las antenas locas ha tenido especial repercusión en la Comunidad Valenciana y Murcia, donde una veintena de municipios se suma cada semana, desde principios de año, a la prohibición de instalar nuevas antenas en el casco urbano. Son más de un centenar, a los que hay que sumar numerosos ayuntamientos de otras regiones españolas.

Algunos municipios, como Murcia, presionados por los vecinos, han obligado a clausurar las antenas ilegales, que son muchas en toda España. El concejal de Urbanismo de Murcia, Ginés Navarro, resumía el razonamiento de la mayoría de consistorios: "hay información insuficiente sobre los efectos de estas antenas y sobre la regulación que deben de tener y, hasta que no esté clara, se ha decidido no conceder nuevas licencias".

El Gobierno, sin prisas

A todo esto, ¿qué hace el Gobierno? Ayuntamientos, empresas y detractores de las antenas miran al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se está tomando su tiempo para aprobar un reglamento sobre los límites a la exposición de las emisiones electromagnéticas. El proyecto de este reglamento, que es muy técnico, ya ha resultado polémico. Según Pedro Belmonte, de Ecologistas en Acción, "está hecho a la medida de las telefónicas".

Mientras tanto, Tradia, la operadora de infraestructuras controlada por Acesa, puede ser la gran beneficiada de la polémica de las antenas. La compañía, que ha firmado un contrato para desarrollar la red de Xfera -construye las torres y le alquila una parte a la operadora- se está ofreciendo a los ayuntamientos para resolver el problema que tienen con la proliferación de antenas.

 

Birulés anuncia cambios normativos

La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, ha anunciado que en las próximas semanas el Gobierno aprobará un real decreto ley sobre emisiones radioeléctricas. æpermil;ste fijará una serie de límites y obligaciones para las instalaciones base de telefonía móvil, entre otras estaciones del sector de las telecomunicaciones.

Esta normativa, elaborada por Ciencia y Tecnología y Sanidad se encuentra en fase de consulta pública y responde a la necesidad de regular las autorizaciones de instalaciones radioeléctricas y garantizar la protección de los ciudadanos ante las radicaciones no ionizantes.

Según Birulés, en el caso de los móviles "no hay ningún estudio científico que demuestre el riesgo para la salud, pero bajo el principio de la precaución hay que dar el marco jurídico a las autorizaciones de esas instalaciones".

La normativa estará acorde con la legislación de la UE y las recomendaciones de los organismos internacionales sobre protección de radiaciones. El borrador del decreto ley, al que ha tenido acceso la agencia EFE, reconoce que la proliferación de servicios y sus niveles de calidad y cobertura requiere un elevado número de instalaciones radioeléctricas.

Sobre los límites de exposición a las emisiones radioléctricas se va a tener en cuenta la recomendación del Consejo de la UE del 12 de julio de 1999. Según la OMS, los niveles de las señales de radio frecuencia están por debajo de las recomendaciones internacionales.