Los dos casos de Euskadi y Navarra elevan a 35 los animales enfermos
El Gobierno del País Vasco anunció ayer la aparición del primer caso de EEB en la comunidad autónoma, aunque el positivo de los análisis debe ser ratificado por Zaragoza. También Navarra anunció otro presunto caso. Por otro lado, los fabricantes de piensos quieren una rectificación "rotunda" del Ministerio de Agricultura sobre el supuesto fraude de los piensos cárnicos. Si este desmentido no llega, las empresas se querellarán contra la Administración central.
Los fabricantes de piensos anunciaron ayer que están estudiando presentar una querella contra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación si no rectifica de forma "rotunda y determinante" sus declaraciones sobre el informe en el que reconocía que se habían detectado harinas cárnicas en piensos para rumiantes en los últimos años, a pesar de que se habían prohibido en el año 1994.
La decisión sobre la querella por parte de los fabricantes de piensos contra el Ministerio de Agricultura se decidirá el próximo día 15 durante la junta directiva que mantendrá la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), según anunció su presidente, Alfonso Encinas. Además, la asociación no descarta presentar una querella contra todas "aquellas publicaciones de otras entidades u organizaciones que le afecte o perjudique su imagen".
Encinas, aunque reconoce que ha existido una explicación por parte del subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, afirmó que "no se sabe si es suficiente". En ese sentido, Encinas exigió "total rigor" y "mayor control" en las industrias y que se denuncie a aquellos que hayan cometido un delito.
"Todo lo que conforme un delito contra la salud pública ha de ser perseguido y eso es responsabilidad de Agricultura", dijo. "Nadie se puede creer que el ministerio sea conocedor de un delito desde el año 1998 y que no lo haya denunciado, pero si es así, creo que el ministerio es susceptible de haber cometido un delito", señaló.
Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego se unió a la solicitud que formuló anteayer el PSOE para que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, comparezca "para explicar los motivos por los que el Gobierno no frenó la utilización de piensos cárnicos para alimentar ganado bovino, a pesar de tener conocimiento de su uso y estando prohibida su utilización para ese fin".
Con la polémica de los piensos de fondo, siguen apareciendo nuevos casos de vacas locas en España. El Gobierno del País Vasco detectó el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina en la comunidad. Según fuentes del Departamento de Agricultura autonómico, la res afectada tiene 47 meses y es de raza frisona. La Diputación de Guipúzcoa procedió a la inmovilización de la explotación a la que pertenece la res.
Por otro lado, el Gobierno de Navarra informó de la aparición de un nuevo posible caso de encefalopatía espongiforme bovina, una vaca de casi ocho años que fue sacrificada en el Matadero Frigorífico de San Sebastián el pasado 2 de marzo. Aún es necesario que el laboratorio de Algete en Madrid compruebe los resultados que en el caso de dar positivos, deberían pasar a Zaragoza. Si se confirman los dos casos, el número de vacas locas ascendería a 36.
Entre tanto, los mercados siguen reflejando la debilidad del precio del vacuno. Durante la sesión celebrada ayer se ha determinado el aumento de precios en los productos de porcino y un descenso en los de vacuno.
Multas hasta de 200 millones por fraude
Agricultura prevé imponer multas de hasta 200 millones de pesetas por la comisión de infracciones muy graves en el caso de incumplimiento de las medidas para la prevención de la encefalopatía espongiforme bovina.
El Ministerio de Agricultura pretende garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la prohibición de fabricación y uso de piensos animales y eleva las infracciones en materia de etiquetado de productos y transporte de animales por el territorio nacional sin los requisitos legales.
Por otro lado, el Consejo de Ministros autorizó ayer el reparto de 2.435 millones (14,6 millones de euros) para financiar los gastos ocasionados por la retirada y eliminación de animales muertos en explotaciones ganaderas durante el primer semestre del 2001. Agricultura asume el 33,3% del coste de la medida. Andalucía recibirá 347,5 millones; Aragón, 226,7; Asturias, 77,5 millones; Baleares, 21 millones; Canarias, 32,6 millones; Cantabria, 66,9 millones; Castilla-La Mancha, 183,5 millones; Castilla y León, 427,8 millones; Cataluña, 360,3 millones; Extremadura, 211,1 millones; Galicia, 213,8 millones; Madrid, 26 millones; Murcia, 72,3 millones; Navarra, 60,6 millones; La Rioja, 18,3 millones, y la Comunidad Valenciana, 88,9 millones.