Un juez federal declara nulas las leyes de amnistía a militares en Argentina
La situación económica argentina pasó ayer a un segundo plano. La decisión de un juez federal de declarar nulas las leyes de punto final y obediencia debida, por las que centenares de represores de la dictadura militar (1976-1983) evitaron ser juzgados, convulsionó al país, pues abre una vía para investigar los numerosos crímenes cometidos durante la dictadura.
El magistrado Gabriel Cavallo sostiene que las leyes aprobadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín son contrarias a la Constitución y a diversos tratados internacionales que Argentina incorporó a su legislación. Cavallo argumentó, además, que la desaparición forzada de personas es un delito imprescriptible y, por tanto, no se puede decretar la amnistía sobre ellos.
Ante la decisión del juez, ocho ex represores serán llamados a prestar declaración indagatoria por la desaparición en 1978 de un matrimonio de militantes peronistas. El fallo se limita en principio sólo a este caso, pero la decisión de Cavallo podría ser imitada por otros jueces, lo que significaría la reapertura de cientos de procesos contra militares argentinos de la dictadura.
La resolución del juez se produce poco antes de que se cumpla, el próximo 24 de marzo el 25 aniversario del golpe militar. A este fallo seguirá ahora un largo proceso de apelaciones que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
La llamada guerra sucia librada por la dictadura en contra de militantes de izquierdas provocó la desaparición de entre 15.000 y 30.000 personas.
El impulsor de estas normas era el entonces ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que ahora retoma este puesto reemplazando al nuevo ministro de Economía, Ricardo López Murphy.
Jaunarena señaló ayer que el Gobierno "no va a hacer nada" ante el fallo judicial, pero apuntó que "Argentina tiene que cerrar definitivamente un pasado". Para las Fuerzas Armadas la anulación sería "un retroceso en el proceso de reconciliación" que vive el país.