TRIBUNA

Jueces, abogados y reforma de la justicia

Los abogados dedicados al mundo de los negocios llevamos tiempo reclamando juzgados especializados.

El plan para la reforma de la justicia presentado por el ministro Acebes el pasado 14 de febrero ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso constituye, ciertamente, una declaración de principios muy esperada y de gran alcance. La general aceptación del mismo por los partidos políticos debe propiciar una rápida puesta en práctica de las regulaciones particulares que anuncia.

Quisiera comentar en este artículo dos aspectos del plan desde mi perspectiva de abogado en ejercicio, miembro del ingente grupo de profesionales que nos veremos afectados en nuestra actividad por las reformas que originará.

El primero, el reconocimiento por el plan de la necesidad de basar el progreso de la Administración de Justicia en medidas destinadas a desarrollar los dos conceptos del enunciado: Administración y Justicia.

Nada más reclamado por la profesión que una actuación decidida en este sentido, con la necesaria dotación presupuestaria.

Administración significa sistemas, métodos, medios materiales y humanos, gerencia. Algo que no requiere tanto dominio de la ley procesal, que al final es un dato, como habilidad directiva y conocimiento técnico. Es decir, algo para lo que posiblemente esté mejor preparado un ingeniero de sistemas o un teleco que un jurista, y algo que se soluciona con inversión.

Justicia significa jueces. Aquí coincido plenamente con la opinión del profesor Queralt, en un reciente artículo [Cinco Días, 20-2-2001], de que un juez no debe ser alguien que sabe leyes y ha aprobado una oposición, sino alguien que, con una formación jurídica, sabe de vida.

Un juez debe saber del derecho que aplica pero, además, debe conocer, tener experiencia, en el hecho que juzga. Difícilmente será un buen juez de familia quien no tenga hijos o, como señala el profesor Queralt, podrá entender el sentido de las normas de interpretación de los contratos quien nunca haya redactado uno.

La vida es cada vez más compleja. No puede aspirarse a saber de todo. Por ello resulta evidente la necesidad de la especialización de los jueces por los hechos sobre los que debe juzgar y la conveniencia de crear juzgados especializados. Los abogados dedicados al mundo de los negocios llevamos tiempo reclamando juzgados especializados en hechos y derecho mercantiles.

El segundo aspecto es el peligro de un posible exceso regulador de la profesión en que podría incurrir el previsto Estatuto de la Abogacía.

La abogacía es una profesión liberal y, en consecuencia, gremial, es decir, con vocación y capacidad para la autorregulación. Si los abogados queremos mantener nuestro carácter de profesionales liberales debemos autoregularnos. De lo contrario, mereceremos ser socializados.

Los abogados debemos ser capaces de hacer frente a los retos que nos imponen los cambios que está sufriendo el ejercicio de nuestra actividad, sin necesidad de reclamar la intervención del Gobierno.

Debemos poder resolver por nosotros mismos la problemática originada por cuestiones que afectan el ejercicio de la profesión y la responsabilidad de los abogados para con la sociedad. Ejemplos al respecto son la multidisciplinariedad, la aparición de las grandes empresas de servicios jurídicos, la globalización de la actividad, la publicidad, el acceso a la profesión, los turnos de oficio especializados, etcétera.

La falta de sensibilidad hacia estos problemas y la falta de aportación de soluciones en que puedan haber incurrido en el pasado reciente los responsables institucionales de la abogacía, los colegios de abogados, no significa que el previsto Estatuto de la Abogacía deba prescindir de nuestra obligación y capacidad de autorregulación. Menospreciarla sería atentar contra la esencia liberal de nuestra profesión, además de poner en duda nuestro sentido de la responsabilidad social.

Esperemos que el Gobierno nos permita y, si fuera necesario, nos obligue a hacer frente a nuestra responsabilidad de autorregulación, aunque, en mi opinión, la inflexión en nuestra actitud colectiva en este sentido es evidente, a la vista de los movimientos que se perciben en la sociedad civil de los abogados y en sus representantes institucionales.