El Gobierno retrasa la normativa sobre cajas hasta obtener consenso político
El Ministerio de Economía ha dado marcha atrás en su intención de incluir toda la regulación relativa a las cajas de ahorros en la Ley Financiera, el proyecto en el que inicialmente se recogería toda la normativa necesaria para modernizar el sector financiero ante los cambios del entorno internacional.
El Gobierno ha anunciado que tiene previsto aprobar este anteproyecto de Ley Financiera en breve plazo. El jueves difundió los aspectos clave del anteproyecto, pero sin incluir mención alguna a estas entidades de crédito.
Fuentes del sector financiero consideran que el Ejecutivo ha optado por retrasar la normativa específica para las cajas y ha dejado el borrador abierto con el fin de darse más tiempo para consensuarlo con los partidos políticos. Sólo así se entiende que todavía ni siquiera se haya remitido el proyecto a los responsables del sector financiero para que lo estudien y hagan sus alegaciones.
En cualquier caso, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, no ha negado nunca su interés por despolitizar los órganos de gobierno de las cajas, aspecto en el que parece haber bastante acuerdo con el PSOE.
Ya en el borrador inicial del anteproyecto se habla de disminuir la presencia política en estas entidades a niveles inferiores al 50%. "En ningún caso la representación de entidades y corporaciones de derecho público en sus órganos de gobierno podrá superar en su conjunto el 50% de los derechos de voto en cada uno de tales órganos", decía el texto del primer anteproyecto. El problema es que los Gobiernos autonómicos tienen potestad para aprobar sus propias leyes de cajas y no todos están dispuestos a disminuir la representación política.
Otro aspecto polémico ante el que el sector sigue expectante y que podría incluirse en un proyecto conjunto para las cajas se refiere a la regulación de las cuotas participativas, una nueva fórmula de financiación para aumentar recursos propios que despierta cierto recelo si no se ponen límites muy claros para no diluir la naturaleza jurídica de las cajas.