La patronal Pimec-Sefes pide que se regularice a los inmigrantes cualificados
La patronal catalana Pimec-Sefes propuso ayer resolver el problema de la falta de mano de obra que padecen las pymes agilizando los trámites para regularizar a los inmigrantes cualificados.
La organización patronal propone, en concreto, proporcionar un trato especial a los inmigrantes cualificados, básicamente los que poseen alguna titulación o experiencia profesional requerida en los sectores con escasez de mano de obra. Mientras tramitan el permiso de trabajo y de residencia por el procedimiento general, Pimec-Sefes propone dotar a estos inmigrantes de una tarjeta temporal de residencia, vinculada al mantenimiento de su actividad en la empresa.
Para realizar todos estos trámites de forma inmediata, la patronal pide la creación de una ventanilla específica en la Subdelegación del Gobierno. El presidente de esta organización de pymes, Jo-sep González, justificó la necesidad de esta selección de inmigrantes argumentando que los convenios bilaterales que impulsa el Gobierno con determinados países "son demasiado lentos". Según González, el paro ha dejado de ser el primer problema del país y ha sido sustituido por el de la falta de trabajadores.
Pimec-Sefes está elaborado en estos momentos una propuesta concreta sobre las necesidades de mano de obra de sus empresas afiliadas y sobre la problemática que representa recurrir a la inmigración.
Esta patronal comparte con Cecot, la otra organización catalana de pymes, el deseo de evitar que los inmigrantes que ha formado una empresa se marchen a otra al cabo de poco de tiempo. Pi-mec-Sefes discrepa, sin embargo, de la propuesta de la patronal vallesana para que los empresarios puedan incluir una cláusula contractual que les permita cobrar daños y perjuicios a los inmigrantes que cambian de trabajo. Según el departamento de Trabajo, el contrato ideado por Cecot es ilegal y no responde a ningún modelo de contrato preexistente.
El documento Propuestas Pymes 2001, que ayer dio a conocer la patronal, incluye también un abanico de medidas fiscales y laborales para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
Entre otras cosas, reivindica reorganizar la contratación, recuperando el contrato de lanzamiento de nueva actividad empresarial. También pide agilizar la supresión del IAE (impuesto de actividades económicas) y que los gastos de adaptación al euro realizados por las pymes puedan acogerse a una amortización libre o, en su caso, deducirse directamente en la tributación por módulos.