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El Gobierno, la banca y CC OO critican el tributo de Ibarra

La iniciativa del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de crear un impuesto que grave a los bancos de la región se recibió ayer con sorpresa, confusión y escepticismo, en medio del silencio de la Junta extremeña, que después de haber creado la polémica sigue sin aclarar en qué tipo de figura tributaria piensa.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que lo estudiará "con atención", pero aseguró que, ante todo, "velará para que todas las comunidades autónomas cumplan con el ordenamiento tributario" y las normas de la Unión Europea, muy cuidadosas con la libre competencia y movimiento de capitales.

A su juicio, se trataría de una figura "cuyo hecho imponible parece difícil de definir" si de lo que se trata es de gravar la actividad financiera.

Hay que tener en cuenta que los hechos imponibles no pueden ser concurrentes con otros impuestos estatales. El ministro afirmó en tono irónico que conoce muchas figuras tributarias, pero "una de estas características nunca se me había ocurrido".

Otros expertos en tributos insinuaron la posibilidad de que la iniciativa de Rodríguez Ibarra se articule como deducciones fiscales por inversión, fórmula más fácil de aplicar que la de un tributo. Una cosa es penalizar y otra incentivar, explican.

La Asociación de Banca Española (AEB) aseguró que la iniciativa contradice el ordenamiento jurídico y, en especial, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). "Querer imponer un impuesto a una parte del sistema financiero y sólo en una región atenta contra la unidad de mercado y la competencia".

UGT calificó de "interesante" la propuesta, pero reconoció que será difícil de articular. Comisiones Obreras fue más tajante y dijo que el planteamiento recuerda a los coeficientes de inversión de Fraga y puede provocar el efecto contrario del que pretende si los bancos se retraen de implantarse en la región, curiosamente, una de las menos bancarizadas de España.

Las únicas matizaciones procedentes de la Junta se refirieron a que en caso de que las cajas no reinvirtieran también se las gravaría, cuando el día anterior se dijo que estarían exentas.

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