Cien alcaldes frenan la proliferación de antenas de móviles

Al menos un centenar de alcaldes de toda España han paralizado la instalación de antenas de telefonía móvil en sus municipios, empujados por el miedo de los ciudadanos a los posibles efectos perniciosos de las ondas que emiten. Algunos han clausurado antenas en funcionamiento. El Gobierno, presionado por la UE, intenta poner orden en la instalación de estos equipos utilizando como vehículo el reglamento de la Ley de Telecomunicaciones de 1998.

El Ayuntamiento de Murcia ordenó el lunes dejar sin funcionamiento 26 antenas de telefonía móvil y cerrará otras 18 en las próximas semanas, en lo que supone un salto cualitativo en la actitud de los ayuntamientos ante el creciente rechazo ciudadano a este tipo de instalaciones. Cataluña, Madrid, Oviedo y Euskadi se han sumado a un movimiento, con fuerte virulencia en las comunidades de Valencia y Murcia, pero que tiende a extenderse a toda España.

El miedo de los ciudadanos a los posibles perjuicios de las ondas que emiten estos transmisores ha obligado a decenas de ayuntamientos a paralizar la concesión de nuevas licencias.

La compañía más afectada por las órdenes de clausura es Amena, ya que fue la última que consiguió licencia GSM y, por tanto, la que más antenas sin las preceptivas autorizaciones tiene en funcionamiento.

Según fuentes del Ayuntamiento de Murcia, todas las compañías afectadas por órdenes de clausura -Telefónica Móviles, Airtel, FirstMark y Lince- han aceptado la medida de clausura, excepto Retevisión-Amena, que no autorizó el acceso de los funcionarios, por lo que el consistorio ha solicitado una orden judicial.

Por otra parte, Xfera, como cuarta operadora UMTS, y algunas compañías de infraestructura, como la catalana Tradia, han visto paralizados sus planes de expansión apenas iniciados.

Todas las partes implicadas, como los ayuntamientos, las operadoras y las organizaciones vecinales, reclaman la pronta promulgación del real decreto del Ministerio de Ciencia y Tecnología que debe establecer el reglamento para la instalación de las antenas de telefonía móvil.

Sin embargo, operadoras y asociaciones tienen grandes discrepancias sobre la ubicación ideal de las antenas y su potencia. Según algunas asociaciones, el proyecto de real decreto, que fue sometido a información pública, está cerca de los deseos de las operadoras, por lo que ha recibido cientos de alegaciones.

Autorizaciones precarias

Según fuentes del sector, en el último trimestre de 2000 las corporaciones municipales empezaron a conceder autorizaciones en precario -hacían la vista gorda, siempre que no hubiese quejas vecinales-, dada la creciente polémica sobre los efectos de las antenas en la salud.

Pero el miedo colectivo se ha extendido en las últimas dos semanas con tal fuerza -un fenómeno que algunos califican como mal de las antenas locas- que los ayuntamientos se han visto obligados a prohibir directamente cualquier nueva instalación.

Es el caso de capitales mediterráneas, como Valencia, Alicante, Castellón y Murcia, aunque la lista supera el centenar en toda España. El portavoz de Telefónica en Valencia, Jesús Pastor, reconoció que su filial de móviles está teniendo problemas de cobertura en la comarca de la Ribera -sur de Valencia- debido a la cantidad de municipios que bloquean la extensión de las antenas.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de España (CAVE), Fernando Martos, dijo ayer que en España existen 20.000 antenas de telefonía móvil, de las que 6.000 están en Madrid. CAVE anunció ayer que va a iniciar una campaña informativa sobre las antenas, lo que previsiblemente extenderá aún más la presión que algunos colectivos están ejerciendo con éxito en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias y Cantabria.

Campaña divulgativa

Al parecer, algunas compañías proyectan realizar también una campaña divulgativa, apoyada en estudios científicos, para evitar una psicosis colectiva como la del mal de las vacas locas, que puede causar problemas de cobertura y graves retrasos en la extensión de la red de tercera generación.

Las manifestaciones ciudadanas han logrado en algunos casos no sólo la paralización de nuevas licencias, sino la clausura de antenas en funcionamiento, con al menos 38 casos en la región de Murcia -26 en la capital-, dos en Orihuela (Alicante) y uno en Aranjuez (Madrid).

El caso de Aranjuez es significativo, ya que está implicado un centro escolar, el colegio San Isidro, en el que se instaló una antena que ahora ha sido obligada a desmontar. En Oviedo, la policía ha considerado ilegales 40 antenas tras realizar una inspección de carácter general.

En Cataluña son ya varios ayuntamientos, Santa Coloma de Gramanet y Sant Feliu de Guixols, entre otros, los que elaboran ordenanzas urgentes para normalizar la instalación de equipos. En el caso de la capital murciana, la decisión municipal reducirá en un 35% el número de antenas en funcionamiento.

 

El Gobierno pone a punto una normativa, a instancias de la CE

El 5 de febrero se cerró el plazo de información pública del proyecto de reglamento para desarrollar la Ley 11/1998 de 24 de abril de Telecomunicaciones, por el que el Gobierno pretende establecer una normativa definida sobre servidumbres legales para la instalación de antenas de telefonía móvil. La normativa pretende fijar valores máximos de exposición a las radiofrecuencias en la actividad de la telefonía celular.

Esta normativa es consecuencia de una recomendación de la Comisión Europea de 1999 en la que solicita de los Estados miembros que desarrollen legislaciones específicas para lo que marcaba criterios generales. Fija, por ejemplo, unos niveles tolerables de exposición a las radiofrecuencias similares a los que recomienda el Comité Internacional de Radiaciones no Ionizantes. Introduce el concepto de "zonas sensibles" a las radiaciones, incluyendo en este apartado a los colegios, parques, hospitales, residencias de ancianos, etc. De este modo se reconoce que los niños y las personas mayores son colectivos de mayor riesgo. Según la recomendación de la CE, no se podrá instalar ninguna antena de telefonía móvil a menos de 100 metros de una de las instituciones o recintos citados.

No obstante, dos países de la Unión no se han adherido a las recomendaciones de la CE. El Reino Unido es uno de ellos y lo ha hecho por razones de política interna. El segundo, Italia, considera que las exigencias que plantea la CE son muy inferiores a las de la sensibilizada opinión pública italiana. En idéntica posición se encuentra Suiza.

Por otra parte, una sentencia de la Audiencia de Francfort de septiembre de 2000 prohíbe a la compañía alemana De Temobil Deutsche y a la Comunidad Evangélica de Oberursel, en cuyo campanario está montada la antena, que mantengan en funcionamiento dicho equipo, alegando motivos de salud.