Las 'telecos' ofrecen al Ejecutivo seis opciones a cambio de la tasa

Cuando apenas falta un mes para que el Gobierno remita a las operadoras de telefonía móvil y de acceso vía radio la factura con el importe multimillonario que deben pagar por la tasa del espectro radioeléctrico, ninguna de las partes niega ya que negocien una salida pactada. Las operadoras ofrecen a la Administración seis vías distintas que permitirán minimizar el impacto de la "supertasa" en el presente ejercicio.

Las negociaciones que mantienen todas y cada una de las operadoras, tanto de telefonía móvil como de LMDS (telefonía local vía radio), con la Administración se asientan en el principio de que lo que está sobre la mesa es la cuantía de la tasa en el presente ejercicio 2001. Las compañías afectadas por el incremento del impuesto por el uso del espectro radioeléctrico consideran que el pago correspondiente a los años siguientes (2002 en adelante) será perfectamente negociable en el marco de la discusión presupuestaria para esos ejercicios. Las posibilidades de reducir la tasa son grandes, máxime cuando el Gobierno ha señalado que el precio del mencionado pago "depende de la situación del mercado", y en los últimos meses ha quedado demostrado que el valor del espacio radioeléctrico ha caído.

Las negociaciones, en principio, se están llevando de modo individual; cada una de las operadoras de móvil por su cuenta frente a la Administración. En el caso de las compañías de LMDS, sin embargo, sí ha habido unión de fuerzas y los contactos se están realizando como grupo.

A pesar de que la argumentación jurídica está en manos de distintos despachos de abogados (Uría Menéndez, Cuatrecasas...), las compañías que tendrán que pagar la tasa están barajando hasta seis formas distintas de evitar, o en su caso minimizar, el pago del impuesto para este año, según diversas fuentes de los implicados.

w Tasa como coste de licencia. Las adjudicatarias de concesiones intentan convencer al Gobierno de que el pago de la tasa este primer año tenga consideración de coste de la licencia que ganaron en los concursos del 10 de marzo. De este modo, en el caso de los operadores de móvil, los 25.000 millones que deben desembolsar por la tasa quedarían reducidos a 3.250 millones, ya que se descontarían de este primer pago los 21.750 millones que hubieron de satisfacer para hacerse con cada una de las cuatro concesiones UMTS en concurso.

Subvención de la red. En las negociaciones se ha planteado la posibilidad de que las operadoras, en tanto que inversores en red, se acojan a las subvenciones previstas en los presupuestos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para promover el desarrollo de la sociedad de la información. Esto implicaría recuperar el 20% de la inversión, ya que dichos programas admiten este tipo de financiación con dinero público siempre que las redes UMTS fueran consideradas parte de la sociedad de la información.

Vía judicial en España. Una de las opciones estudiadas es recurrir ante los tribunales el pago de la tasa con el objetivo de aplazar el desembolso del impuesto hasta que los tribunales decidan sobre el conflicto y poder así limitarse a presentar un aval. En este sentido, los operadores contemplan incluso poder llegar a un acuerdo con la Administración para presentar esta denuncia, de forma que sean los tribunales los que decidan y no el Gobierno el que tenga que cargar con el peso político de rectificar la aplicación de la tasa.

En cualquier caso, los operadoras han renunciado a recurrir la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001, así que esperan a que el próximo mes de marzo la Administración les remita la factura del pago de la tasa para poder denunciar "el acto impositivo en sí y no una ley", explican las citadas fuentes.

Vía judicial ante la UE. Otra opción en estudio pasa por presentar el recurso contra la tasa ante instancias comunitarias. El argumento jurídico que esgrimirán los denunciantes se basa en una recomendación europea que insta a los Estados miembros de la Unión Europea a primar las nuevas tecnologías frente a las antiguas y a no poner trabas a su desarrollo. La tasa española impone un mayor gravamen a las licencias de UMTS frente a las de GSM.

Retraso tecnológico. Siempre con la intención de "facilitar una salida airosa a la Administración", señalan fuentes de los implicados, se ha sugerido que el Gobierno reconozca el hecho, "que resulta ya evidente", de que no existirán terminales ni servicio comercial de UMTS antes de mediados del año 2002. La posibilidad del retraso tecnológico ya estaba contemplada en las propias bases del concurso.

Crédito fiscal. Los operadores negocian con la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, que se dé a la tasa un tratamiento similar al que tiene en el Reino Unido y Alemania el pago que se ha hecho por cada licencia en las subastas de UMTS. Estas cantidades tienen la consideración de crédito fiscal, con lo que al final la cuantía pagada se recupera por la vía de menores impuestos.

 

El inicio del servicio en agosto está avalado con 750 millardos

Las cuatro operadoras de telefonía móvil que han conseguido licencias de UMTS, Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera, tendrán que pagar hasta 750.000 millones de pesetas en concepto de avales, en el supuesto de que no cumplan con el compromiso de iniciar el servicio en las ciudades de más de 250.000 habitantes antes del día 1 de agosto del presente ejercicio.

Telefónica Móviles, Airtel y Amena, adquirieron el compromiso de pagar a la Administración unos 180.000 millones de pesetas cada una para el supuesto de incumplimiento del plazo antes citado. Xfera fue mucho más exigente consigo misma, y avaló su principal compromiso de calendario en más de 200.000 millones de pesetas. Estas cantidades fueron reveladas la pasada semana por un alto responsable de una de las operadoras afectadas en un acto público al que tuvieron acceso diversos periodistas.

A pesar de que se han confirmado todos los retrasos en lo que respecta a la disponibilidad de terminales de UMTS, todo indica que la Administración se resiste a reconocer la necesidad de una aplazamiento en la puesta en servicio de las nuevas redes. A estas alturas, parece seguro que algunas de las operadoras ya habrán desplegado las infraestructuras que les exigía el concurso para el mes de agosto, mientras que otras (Amena no ha contratado todavía suministrador de equipos) lo tendrán mucho más difícil.

El director general de FirstMark, José Fernández Lizarán, también ha criticado que la subida de la tasa del espectro radioeléctrico puede hacer que algún operador con licencia de telefonía local vía radio (LMDS) no pueda salir al mercado.

Fernández Lizarán, que coincide con el resto del sector, asegura que "no le extrañaría" que se produjera esta circunstancia, ya que el aumento de la tasa hace que las compañías con licencia LMDS (telefonía local vía radio) en España paguen, por la misma porción, 13 veces más que en Francia.

Según sus cálculos, antes de que el Gobierno decidiera revisar al alza esta tasa, FirstMark tenía que pagar cerca de 200 millones de pesetas, mientras que ahora el abono anual será próximo a los mil millones de pesetas.

"La incertidumbre creada por el Gobierno es peor que la cuantía que se debe destinar a la tasa", ya que se trata de un gasto con el que no contaban las operadoras, sostiene José Fernández Lizarán.

 

Calendario de una tasa en conflicto

10 de marzo de 2000

Adjudicación de las licencias de UMTS y LMDS (telefonía

local vía radio). Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera fueron las ganadoras de las cuatro licencias de telefonía móvil de tercera generación. Las concesiones de telefonía local inalámbrica fueron a parar a FirstMark, AbraRed, Basa (antigua Aló 2000), Broadnet, Banda 26 y Sky Point.

29 de diciembre de 2000

Aprobación de la tasa con la

publicación de la Ley de

Acompañamiento de los

Presupuestos Generales del

Estado para el año 2001.

Marzo de 2001

Fecha en la que el Gobierno

pasará a los operadores

el cobro de la tasa

correspondiente a 2001.

1 de agosto de 2001

Fecha oficial de entrada

en servicio de

las redes UMTS.

2002

La tasa puede ser revisada en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del año 2002.