Los ayuntamientos presionan para que el Gobierno mantenga el IAE

Ni Hacienda ni la Federación de Municipios quieren desvelar oficialmente sus cartas, pero ante la decisión del Gobierno de suprimir el IAE surge la opinión de municipios y expertos en Hacienda pública reclamando una reforma que impida una disminución radical de los recursos. Ayuntamientos y académicos discuten desde hoy en Alicante sobre el futuro de la financiación local.

El futuro de la financiación local está en entredicho. La decisión del Ministerio de Hacienda de retrasar un año, a 2002, la reforma financiera de los municipios, desligándola de la negociación autonómica, y la promesa electoral del Partido Popular de suprimir el impuesto de actividades económicas, sin dejar claro cómo compensará Hacienda a los ayuntamientos por una pérdida de recaudación que ronda ya los 277.000 millones de pesetas, ha devuelto a los mentideros municipales la sospecha de que la supuesta reforma de las finanzas locales, tan reclamada desde instancias políticas, se cerrará, como ya sucedió en 1998, en falso.

Rita Barberá, presidenta de la FEMP, ha pedido expresamente la participación de los municipios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y un impulso gubernamental a los maltrechos pactos locales -"porque sin definir los servicios no se puede hablar de dinero"-, pero Hacienda ha preferido responder con ambigüedades a estas propuestas.

Llegados a este punto, ni el Ministerio de Hacienda ni la Federación Española de Municipios y Provincias quieren desvelar aún sus cartas, pero declaraciones de unos y otros dejan entrever lo que parece será el nucleo duro de la negociación: la reforma, que no la supresión, del IAE.

Hacienda se mantiene fir-me en su decisión de eliminar el tributo "porque no tiene relación con la capacidad contributiva", y prueba de ello es que ha encargado a una consultora la elaboración de un estudio sobre la idoneidad del impuesto de actividades económicas como base de un censo de establecimientos comerciales, para no perderlo como fuente de información. Sin embargo, en el seno de la FEMP y entre los ayuntamientos ha empezado a cundir la idea de que sería mejor reformar el impuesto, porque no está claro que Hacienda pueda, y quiera, compensar económicamente a los municipios. Esta opinión es compartida por académicos de Hacienda pública.

Sobre esta cuestión hay quien apunta que una manera de salvaguardar los recursos locales sería la de reformar la ley y obligar a todos los ayuntamientos a cobrar los impuestos potestativos, como la llamada plusvalía municipal o el impuesto so-bre instalaciones y obras. Otro punto de debate.

El catedrático de Hacienda pública de la Universidad de Barcelona, Antoni Castells, asegura que cualquier reforma de la imposición lo-cal debe hacerse sobre la premisa de que sus impuestos deben aumentarse, no reducirse; además es imprescindible mantener la información censal que ofrece el IAE, y en tercer lugar, opina que es bueno que haya un impuesto que grave la actividad económica.

Su propuesta es que se mantenga el IAE y que, para adecuarlo a la capacidad económica de los contribuyentes, se pueda desgravar en sociedades o en el de la renta de las personas físicas.

Javier Suárez Pandiello, catedrático de la Universidad de Oviedo, también apuesta por la deducción en el IRPF, aunque marca otras opciones, como es distinguir en el IBI entre bienes de carácter residencial y económico.

Una reforma, como la men-cionada arriba, podría provocar, en el peor de los casos, que el Estado afronta-se todo el coste del impuesto: los ayuntamientos, seguros de que los contribuyentes pueden deducirse en IRPF o en sociedades, fijarían los tipos máximos para obtener el mayor rendimiento tributario con el menor coste fiscal.

Este el el argumento que utiliza Mercedes de la Merced, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, para exigir la desaparicion total del impuesto. Pedro Bujidos, concejal de Hacienda de la capital, comparte su opinión.

A juicio de los catedráticos Antoni Castells y Javier Suárez Pandiello este problema tiene fácil solución: se podría imponer un tipo mínimo o medio para evitar esta distorsión fiscal.

 

Las grandes ciudades reclaman un trato financiero especial

La reforma de la financiación local tiene numerosos frentes abiertos. La participación de los ayuntamientos en la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), soporte financiero de los ayuntamientos, y la posibilidad de que las grandes ciudades sean distinguidas con un modelo de financiación propio son también cuestiones que tendrán que ser debatidas cuando comience la negociación política entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda. Una y otra no concitan tanta unanimidad como puede ser la reforma del impuesto de actividades económicas.

De hecho, la posibilidad de que las principales capitales de provincia tengan un modelo financiero propio, algo que defienden, fundamentalmente, Madrid y Barcelona, es un debate pendiente en el seno de la FEMP, donde los pequeños municipios temen que esta propuesta termine por perjudicarles económicamente. La Federación no ha dicho "oficialmente" que no a la propuesta, pero las propuestas realizadas -el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Bujidos, es un firme defensor de la misma- han provocado cierto malestar en las instancias políticas de la Federación.

Entre los catedráticos consultados, hay que señalar que Antoni Castells, catedrático de la Universidad de Barcelona, la justifica recordando que las grandes ciudades dan servicios a muchos ciudadanos que no residen en ellas, con el sobrecoste que esto supone. Javier Suárez Pandiello, catedrático de la Universidad de Oviedo, teme, sin embargo, que esta diferenciación perpetúe situaciones económicas no deseables.

En cuanto a la reforma del IBI, el anhelo municipal es, sin duda, el de conseguir la gestión del impuesto. O al menos, de las inspecciones. La propuesta no tiene el respaldo inicial del Ministerio de Hacienda.

En este sentido, las grandes corporaciones locales no tendrían problemas en la gestión y los municipios más pequeños podrían realizarla a través de las diputaciones o por delegación, a través de las comunidades autónomas.

 

El Ejecutivo se plantea

el modelo alemán

de cesión del 7% del IRPF

A pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene la intención de dar prioridad en el tiempo a la negociación de la financiación autonómica sobre la local, su departamento ya está estudiando las posibilidades con que cuenta para reformar el sistema de recaudación de los entes locales, una vez que desaparezca el impuesto sobre actividades económicas (IAE) en el año 2003.

El modelo de financiación federal y local alemán es uno de los preferidos por el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, y el vicepresidente primero, Mariano Rajoy.

Sus repercusiones presupuestarias están siendo analizadas por varios ministerios, entre otros modelos. La Hacienda alemana reparte los ingresos por IRPF entre el bund (federación), los länder (Estados federados) y los municipios. El Gobierno de Berlín percibe el 42,5% del IRPF, al igual que los länder. Un recargo del 7,5% está destinado a sufragar los gastos de la reunificación, y el 7,5% restante va a parar a los municipios a través de transferencias de los länder.

Los entes locales cuentan también para financiarse con un 2,2% del IVA, además de los impuestos locales sobre el consumo, bienes inmuebles y el de actividades económicas. La cesión del 7,5% del IRPF a los ayuntamientos supondría una re caudación cercana a 400.000 millones de pesetas.