CiU cree que el acuerdo sobre el AVE cambia sus planes financieros
La estrategia negociadora de Convergència i Unió, basada en la reclamación de una mejor financiación para Cataluña, ha recibido un importante varapalo con el acuerdo sobre el AVE alcanzado la semana pasada entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat. En la reunión que mantuvieron el titular de este departamento, Francisco Alvarez Cascos, y el presidente catalán, Jordi Pujol, éste consiguió que Fomento acepte llevar el tren de alta velocidad al aeropuerto en el 2004, siempre y cuando lo pague la Generalitat. Si el dinero tiene que salir del ministerio, el proyecto sufrirá un retraso que podría llegar a los tres años.
Este compromiso ha puesto al presidente catalán contra las cuerdas: no puede permitirse un retraso que el mundo empresarial considera perjudicial para el crecimiento de la comunidad pero tampoco dispone de los recursos necesarios para asumir el coste de la infraestructura. En los próximos días está previsto que se reúnan el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Pere Macías, el de Economía, Francesc Homs, y el conseller en cap, Artur Mas, para buscar una salida financiera al problema. Una de las posibilidades pasaría por la participación del sector privado en la construcción del ramal. También podría financiarse mediante el método alemán, pagándose a la finalización de la obra.
El acuerdo, en cualquier caso, ha evidenciado la incapacidad de los nacionalistas catalanes para llevar a cabo su programa electoral bajo la mayoría absoluta del PP: además de tener que bajar el listón de sus reivindicaciones en materia de financiación autonómica, serán los propios catalanes los que tendrán que pagar la llegada del AVE al aeropuerto. De esta manera, no sólo no se reduce el déficit fiscal, que CiU evalúa en 400.000 millones de pesetas, sino que se agrava el déficit en las inversiones en infraestructuras que la coalición viene denunciando desde hace años.
Y es que la llegada del AVE es sólo la punta del iceberg. El programa electoral con el que CiU concurrió a las últimas elecciones generales -y también a las autonómicas- contemplaba como objetivo prioritario para esta legislatura el traspaso de los aeropuertos catalanes a la Generalitat.
Casi un año después de la victoria del PP, no se ha avanzado en esta cuestión y el debate ha quedado archivado en un cajón. Algo parecido pasa con Renfe. No es la primera vez que el Gobierno catalán apuesta por el traspaso de las líneas al Gobierno autonómico.