Interior revisará en tres meses los expedientes no admitidos en junio
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se establece el procedimiento para legalizar a los 61.300 extranjeros que solicitaron su regularización, y que, cumpliendo todos los requisitos exigidos, únicamente no pudieron acreditar que se encontraban en España antes del 1 de junio de 1999, por cuya razón se denegó su solicitud.
Este proceso ya estaba previsto en la llamada Ley de Extranjería, aprobada el pasado 22 de diciembre.
De esta forma, todos los extranjeros que estén en dicha situación y se encuentren en España serán documentados con un permiso de trabajo y residencia, o una tarjeta de residencia en régimen comunitario.
Se excluye a los que tengan una orden de expulsión vigente o se encuentren inmersos en causas de expulsión o prohibición, o tengan un proceso judicial penal en curso.
La Administración revisará de oficio estas solicitudes en un plazo máximo de tres meses.
Tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, calificó de "insólito y decepcionante" que el PSOE proponga al Ejecutivo un nuevo pacto sobre inmigración una vez que la ley ya está en la calle y sólo para "resolver sus problemas internos" de falta de coherencia.
Desde el PSOE, el secretario de Política Municipal, Álvaro Cuesta, criticó a Cabanillas por despreciar el pacto "desde la más torpe prepotencia".