El fiscal del 'caso PSV' rebaja la solicitud de penas para los acusados

El fiscal anticorrupción encargado del caso PSV, Vicente González Mota, ha rebajado sustancialmente en sus conclusiones definitivas la petición de penas para los acusados por la crisis de la cooperativa de viviendas de UGT. El fiscal ha reducido de ocho años de cárcel que solicitaba para cada imputado a penas que oscilan entre un año y dos años y cuatro meses de prisión.

Para el principal implicado, el ex gestor de PSV Carlos Sotos, solicita dos años y cuatro meses de prisión. En el caso de que fuera condenado a esa pena, Sotos no ingresaría en prisión, ya que ha cumplido como preventivo 13 meses de cárcel.

Para los ex directivos de la gestora IGS, Fermín Bretón y Francisco Hernando, pide dos años de cárcel para cada uno de ellos. Y para los ex dirigentes de UGT en el área de finanzas, Paulino Barrabés y Sebastián Reyna, el fiscal solicita un año de prisión.

González Mota también modifica su relato de hechos y asegura en su informe definitivo que "no consta que la forma de facturar tuviera por finalidad distraer fraudulentamente fondos de las promociones de PSV a la sociedad IGS, habiendo conocido los cooperativistas que la gestión se calculaba sobre un porcentaje sobre el total de los ingresos previstos, que según las promociones y el tiempo ha oscilado entre el y 8 y el 12%".

En cuanto a la intervención de UGT, el fiscal dice que el sindicato cobró correctamente las 80.000 pesetas por vivienda que pagaron los cooperativistas.