La UE endurece el control del rigor presupuestario

Irlanda ocupa, muy a su pesar, buena parte de la agenda económica comunitaria de esta semana. La UE exigía el lunes a Dublín que modificase su Presupuesto para 2001 por considerarlo incoherente con los objetivos fiscales fijados para este año. Recortes impositivos y excesivo gasto público son las acusaciones principales contra Irlanda, pero esas faltas salpican también a buena parte del resto de Presupuestos nacionales.

Junto al Presupuesto irlandés, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) sometieron el pasado lunes a examen a los programas de estabilidad de Francia, Italia, Austria y Grecia (ésta, por primera vez, pues se incorporó a la zona euro el pasado 1 de enero), así como los de convergencia de Dinamarca y Reino Unido.

Todos superaron la prueba, aunque con importantes recomendaciones, salvo el malhadado ministro irlandés, Charlie McCreevy, firmante del primer Presupuesto nacional que el Consejo rechaza desde que instauró en 1997 la obligación de pasar el examen comunitario (como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sellado en el Consejo Europeo de Amsterdam). En vano de-fendería McCreevy la coherencia de su Presupuesto con ese pacto. El Ecofin ejerció su potestad de pedir a Dublín que "adopte medidas durante el presente ejercicio fiscal que contrarresten (...) la reducción prevista en el superávit".

"Sólo estamos diciendo a las autoridades irlandesas que, por favor, sean coherentes", afirmaba el comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, autor de la propuesta de la recomendación. "Nada más que eso".

"Nada menos que eso", añadía Solbes, consciente de que la condena incluso cifra la corrección que McCreefy debe introducir: "La Comisión estima que las medidas restrictivas deben ser al me-nos equivalentes al 0,5% del PIB [irlandés]". El dardo parece acertar casi matemáticamente el recorte en los impuestos indirectos aprobado por Irlanda, que el Ecofin calcula en "el 0,4% del PIB".

"Cualquier ministro es celoso de sus planes presupuestarios", se encastilló McCreevy al anunciar que se resistirá a la recomendación.

Al margen de que el Consejo no tenga capacidad para obligar al cumplimiento de su dictamen, la histórica decisión sí marca una inflexión hacia el endurecimiento en el control de las políticas presupuestarias, exigido, según Solbes, por la "mayor integración de nuestras economías".

Irlanda ha sido, quizá, la víctima propiciatoria, pero Solbes ya había advertido, al comienzo de la revisión de los programas de estabilidad de este año, que lamentaba su falta de ambición generalizada, especialmente en la zona euro.

También el Banco Central Europeo alertaba que "la mayoría de los países de la zona euro tienen prevista una política fiscal menos restrictiva en 2001".

Poca ambición general

Holanda recurre sistemáticamente a objetivos presupuestarios de fácil consecución que, además, camufla en dos supuestos escenarios de evolución macroeconómica. Incluso en el escenario más pesimista, los objetivos son sencillos de alcanzar.

También Francia se refugió esta vez en los dos escenarios posibles, pero aun así el Ecofin le pidió que modere el incremento del gasto público (del 1,8% en 2001) y acelere la reducción del déficit.

Italia escuchó las dudas sobre sus objetivos de déficit. A pesar de su falta de ambición -no tendrá equilibrio presupuestario hasta 2003-, el Ecofin advierte que "si no se cumplen, Italia [como Irlanda] tampoco habrá respetado los objetivos pactados".

 

Imperiosa necesidad de coordinación

La censura a Irlanda ha coincidido con una propuesta del comisario de Economía, Pedro Solbes, para extremar la coordinación de la política económica en la zona euro. Los dos acontecimientos marcan el fin de la complacencia con ciertas veleidades presupuestarias para las que se invoca la soberanía nacional. Para los países del euro, sentenciaba Solbes, "la estabilidad de precios en la zona debe constituir una prioridad nacional".

Solbes ha pedido que los ministros de Economía consulten con sus homólogos de la zona euro y con la Comisión Europea cualquier medida fiscal susceptible de tener algún impacto en el resto de Estados miembros. El Eurogrupo (ministros de Economía de la zona euro) acepta la sugerencia, aunque se resiste a facilitar datos tan sensibles a un organismo supraestatal como la Comisión Europea.

En el trasfondo, el enfrentamiento entre ejercicio intergubernamental, del cual el euro es claro ejemplo, e intervención comunitaria. Quizá la Comisión pierda la batalla, pero la coordinación económica acabará imponiéndose.