<i>La oferta de EDP y Cajastur sobre Hidrocantábrico </i>
Víctor Roza Fresno responde a un reciente artículo de la ex consejera de Economía de Asturias sobre la oferta de EDP y Cajastur por Hidrocantábrico y niega que la caja supere el límite de riesgo aconsejado por el Banco de España.
Escribo estas líneas, perplejo todavía, después de leer detenidamente el artículo Una OPA por Hidrocantábrico en clave política, firmado por la ex consejera de Economía y Hacienda del Principado de Asturias doña Elena Carantoña, y publicado en Cinco Días el viernes 9 del presente mes.
Antes de entrar en lo que constituye la razón de ser del presente artículo, me veo en la obligación de realizar una serie de aclaraciones sobre las implicaciones de la OPA lanzada por el consorcio Cajastur+EDP, aclaraciones todas ellas importantes y que quizá no serían necesarias si la ex consejera del Gobierno del Principado de Asturias se hubiese tomado la molestia de leer el folleto explicativo de la OPA formulada por Adygesinval, SL, y publicado por la CNMV el mismo día en que sus "reflexiones escritas" vieron la luz en estas páginas.
Es rigurosamente falso que Cajastur vaya a tener que realizar aportación extraordinaria alguna por encima de lo que supone la de su 15% del capital de Cantábrico, cuya titularidad ya poseía desde finales del año pasado, cuando, de acuerdo con la nueva estrategia aprobada por su consejo de administración, incrementó su participación en la empresa. El incremento de la participación de Cajastur en Hidrocantábrico (HC) fue puesto, como es lógico, en conocimiento de la CNMV y el Banco de España.
Teniendo en cuenta lo anterior, debo decir que es rigurosamente falso que Cajastur vaya a exceder los límites de concentración de riesgos recomendados por el banco emisor. Primero, porque no debe-rá realizar esa aportación a la que se refiere la ex consejera, la cual cifra en 400 millones de euros, y segundo, porque la política de prudencia que ha sido seña de identidad del actual equipo gestor de Cajastur, y que se ha materializado en la continua dotación de fondos voluntarios genéricos, ha permitido la toma de una mayor participación que se ha valorado a su valor teórico contable, inferior al coste de adquisición.
Todos los que en su momento defendimos en Asturias la necesidad de promulgar una ley que garantizase la independencia y autonomía de gestión de las cajas de ahorros recordamos la encendida defensa de la naturaleza pública de las mismas que, en la ronda de comparecencias a propósito de la tramitación de dicha ley, realizó la por entonces consejera de Economía y Hacienda del Principado de Asturias.
Sus palabras y opiniones son públicas, y han quedado registradas en el Diario de Sesiones de la Junta General del Principado para lectura de todo el que desee comprobar el radical cambio de parecer de la ex consejera, quien por entonces se alineaba con las tesis del Ejecutivo del que formaba parte y que llegó a redactar un borrador de ley, y que, entre otras cosas, consagraba la libre revocabilidad de los nombramientos de origen político (artículo 26.d) para que los consejeros tuviesen sobre sí la permanente amenaza de su cese si no hacen lo que les mande quien los nombre, tal y como ella llevó a la práctica; la entrada del Parlamento regional co-mo grupo de representación, a costa de reducir la participación de otros grupos de origen no político, como el de impositores (artículo 28.1); la potestad de veto desde la Consejería de Economía del nombramiento del director general (artículo 46.2), pese a la inconstitucionalidad de tal veto según sentencia del TC 48/98 FJ23; el sometimiento al régimen de autorización previa por parte de dicha consejería de la determinación de los excedentes de las cajas y su distribución, así como del presupuesto de Obra Social (artículo 52.1); o la potestad de suspensión de los órganos de gobierno por parte del Ejecutivo autonómico o del titular de la Consejería de Hacienda, por aquel entonces la misma señora Carantoña (artículo 68.1), rechazando, además, la presidencia ejecutiva ya adoptada por las principales cajas del Estado. Y tan defensora de la gestión profesional era que, para ocupar el cargo de director general, no requería en su ley formación académica alguna.
Todos estos criterios fueron excluidos, afortunadamente, de la ley que finalmente, y por consenso entre los principales partidos, se aprobaría en junio de 2000, criterios entre los que, por cierto, tampoco aparecía la incompatibilidad de los cargos electos favorecedores de lo que, en su artícu-lo, la señora ex consejera denomina politización.
Extraña, por tanto, el cambio de criterio de la ex consejera, a la cual recomiendo de forma encarecida que vuelva a leer, pero esta vez de forma comprensiva, la Ley 2/2000, de 23 de junio, como remedio para tranquilizarse respecto a esa nueva preocupación, puesto que cualquiera que se haya tomado la molestia de leer dicha ley sabrá ya que, lejos de consagrar la politización del modelo de gestión, garantiza a través de su articulado el cumplimiento de los principios de independencia y autonomía de los órganos de gobierno a los que hace referencia explícita en su preámbulo. La invito, además, a realizar una comparativa con la normativa en materia de regulación de cajas existente en las otras 16 comunidades autónomas, tras la cual es incluso factible que se convierta, dada su propensión al cambio de parecer, en una firme defensora de la ley asturiana.
Incluye la ex consejera un ataque contra la supuesta defensa que esta OPA hace, a través de HC, de la continuidad del uso del carbón para la producción eléctrica del Principado, como si el carbón, su industria y sus gentes no hubieran contribuido a la formación del carácter y ser de lo asturiano. Como si fuera al-go de lo que avergonzarse. Considero, en lo que creo coincidir con la mayoría de los asturianos, que si alguien no se siente en nuestra tierra deudor con la minería del carbón y no hace lo posible por aliviar el dolor de su declive, ese alguien no merece ser asturiano. La OPA no apuesta abiertamente por ello, pero no considero incompatible la implantación paulatina de otras alternativas de producción energética, con el aprovechamiento de los recursos naturales que de uso tradicional aún podamos utilizar.