Telefónica gana en Bruselas el pulso al Gobierno por la cuota de abono
La Comisión Europea ha conminado al Gobierno español para que, en el plazo de 60 días, proceda a un reajuste al alza de la cuota de abono mensual que cobra Telefónica a los más de 17 millones de españoles que tienen una línea de teléfono fijo. Esta resolución es fruto de la demanda que puso Telefónica al Gobierno español ante Bruselas, en la que reclamaba el reequilibrio de los precios y cifraba las pérdidas en los últimos tres años en casi un billón. En marzo está prevista una subida de 100 pesetas en la cuota, que podría ser aumentada para cumplir las exigencias de la CE.
El Gobierno español ya tiene en sus manos el mandato imperativo de la Comisión Europea para que suba la cuota de abono de 1.542 pesetas al mes que cobra Telefónica a sus más de 17 millones de clientes. La subida debe negociarse con la operadora dominante y llevarse a efecto antes de 60 días.
El Ejecutivo de José María Aznar recibió la orden de Bruselas el pasado día 29 de enero por medio de un dictamen motivado que se remitió desde la presidencia de la CE al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué.
El documento procedía del departamento del comisario europeo de Competencia, Mario Monti, y fue reenviado a los interesados, Ministerio de Economía, Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Telefónica.
Aunque el dictamen es, en estos momentos, todavía confidencial, este diario ha podido saber que da la razón a Telefónica en su demanda de reequilibrio tarifario. La empresa española reclamaba por una cuantía de casi un billón de pesetas, a razón de unos 300.000 millones anuales en los ejercidos de 1998, 1999 y 2000.
La denuncia de Telefónica ante Bruselas se basaba en el denominado "déficit de acceso", derivado del hecho de que el mantenimiento de cada línea de telefonía básica cuesta más que las 1.542 pesetas que paga cada abonado fijadas por el Gobierno.
En consecuencia, la operadora pedía a la Comisión Europea que obligara al Ejecutivo español a modificar esta situación, que le exige cobrar por debajo del coste real la explotación de 17 millones de líneas.
En este contencioso, el Gobierno ha negado siempre que exista déficit de acceso, entre otras cosas porque dice desconocer las cuentas de Telefónica. No obstante, reconoció implícitamente las reclamaciones de la operadora durante el año 2000, ya que permitió subir la cuota de abono 300 pesetas, en tres plazos de 100 pesetas. Uno ya se ha producido y quedan otros dos, previstos para marzo y agosto.
Fuentes que han tenido acceso al dictamen motivado de la Comisión Europea aseguran que la resolución "someterá a una fuerte presión alcista a la cuota de abono de Telefónica".
Estas fuentes dan por descontado que el precio final de este pago mensual quedará muy por encima de las 1.742 pesetas aprobadas por el Gobierno y especulan con una cifra que no estaría muy lejos de las 2.163 pesetas que ha fijado el Ejecutivo para el alquiler que cobra Telefónica a las operadoras alternativas por utilizar el bucle local (acceso directo al abonado).
Negociación en marcha
Dichas fuentes aseguran que el Gobierno y Telefónica ya están negociando y apuntan a que el primer aumento adicional de la cuota de abono se realice aprovechando la subida ya prevista para el mes de marzo.
De llegar a buen puerto, el acuerdo entre Telefónica y el Ejecutivo significará poner fin a años de enfrentamiento. Hace dos años y tres meses, Juan Villalonga decidió elevar su reclamación a Bruselas y denunciar a España ante la Comisión Europea por haber liberalizado el mercado sin reequilibrar las tarifas telefónicas.
En este tiempo, las autoridades comunitarias han criticado al Ejecutivo español por eludir los requerimientos de información que le ha hecho Bruselas, quien ha advertido a España en tres ocasiones por este tema.
La primera fue hace más de dos años, en diciembre de 1998, justo cuando se presentó la demanda, mientras que la segunda y la tercera se realizaron el año pasado.
Una reivindicación impopular que tendrá efectos sobre el IPC
Desde el 1 de enero del presente ejercicio, España es ya un país en que, al menos sobre el papel, no existe ningún monopolio en el sector de las telecomunicaciones. En aquella fecha el Gobierno ordenó la liberalización del úl-timo bastión de Telefónica, al abrir a la competencia el bucle local del abonado.
Esta última medida liberalizadora obligó a la fijación de un precio de interconexión para permitir el uso por compañías terceras de las redes de acceso a los 17 millones de hogares de españoles que tienen teléfonos propiedad de Telefónica.
Tal precio se configura en paralelo a la cuota mensual de abono que tiene que pagar cada cliente por mantener activa su línea de teléfono, al margen del tráfico de llamadas que realice. De este modo el precio de interconexión que fijó el Gobierno para la liberalización es también una cuota mensual por línea que, en este caso, deben satisfacer a Telefónica las compañías que le alquilan su red de acceso a los hogares.
Y la tarifa fijada el 28 de diciembre de 2000 fue exactamente de 2.163 pesetas por mes y línea. Las nuevas operadoras consideraron que tal precio, al ser superior en más de 600 pesetas al que Telefónica cobra a sus clientes particulares, impedía la liberalización real de las llamadas locales.
La opinión de Telefónica es la contraria. Entiende que la diferencia entre la cuota que le pagan sus clientes particulares y la fijada para las nuevas operadoras debe igualarse, pero aumentando la primera, tal y como parece haber ahora conseguido con la ayuda de Bruselas. Desde la empresa que preside Alierta se asegura que una cuota de abono alta permitirá reducir sensiblemente los precios de las llamadas locales.
No obstante, este incremento de precios perjudica a aquellas personas que tienen un menor poder adquisitivo, y además tiene repercusiones en el IPC.