El Ejecutivo aprueba el plan hidrológico con la oposición de Aragón
El Gobierno remitió ayer a las Cortes el anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional, que contempla una inversión total de 3,8 billones de pesetas en ocho años, de los que 700.000 millones corresponderán al trasvase del río Ebro.
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Ma-tas, se mostró ayer dialogante, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Matas aceptó la negociación con el Gobierno aragonés -enfrentado al Ejecutivo central por el trasvase del Ebro a la cuenca mediterránea-, a lo largo del trámite parlamentario del texto, pero advirtió que sólo aceptará "modificaciones, y sólo parciales, que sirvan para mejorar el plan, no para empeorarlo".
El ministro aseguró que el PHN cumple con todas las directivas comunitarias, y su esencia (transferencias entre cuencas) es de competencia exclusiva del Gobierno español, no del comunitario. Aun así, reconoció que, aunque el trasvase de agua "está garantizado", un posible recurso del Gobierno aragonés a las autoridades de la UE sí "puede plantear retrasos administrativos con las obras del anexo de inversiones y del pacto del agua" que se ejecuten con fondos de Bruselas.
El PHN contempla una inversión global de 3,835 billones de pesetas en ocho años (hasta 2010), de los que 700.000 millones irán destinados a las obras para el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos al año, siempre de agua excedentaria, desde el Río Ebro a las cuencas deficitarias del sureste (Júcar, Almería y Segura) y el área metropolitana de Barcelona. El resto (3,13 billones de pesetas) irá destinado a actuaciones en cada una de las cuencas, entre las que destaca 1,023 billones para modernización de regadíos y 433.500 millones para saneamiento y depuración.
El coste del plan, según Matas, supondrá una inversión media anual de 390.000 millones de pesetas. Un tercio de la financiación correrá a cargo de fondos europeos. El resto del dinero se obtendrá, entre otras fuentes, a través del aumento del precio del agua envasada, a pagar por los beneficiarios de los trasvases, y de la creación de un "canon medioambiental" de cinco pesetas por metro cúbico.
La oferta de diálogo de Matas la hizo extensiva no sólo a Aragón, sino a otras comunidades, como es el caso de Cataluña. En este sentido, señaló que "es negociable" la petición de la Generalitat catalana de reducir el volumen de agua transferible desde el Ebro, siempre que se aporte una solución para las cuencas deficitarias.
Matas resaltó que el anteproyecto de ley respeta la integridad del dictamen del Consejo Nacional del Agua y cuenta con el beneplácito de regantes, agricultores y la "mayoría" de las comunidades. "Una vez concluida la tramitación parlamentaria del Plan Hidrológico, que se efectuará este año sin utilizarse la vía de urgencia, al Gobierno le quedarán dos retos en materia de aguas: la gestión eficiente de los recursos hídricos y el control de la calidad", añadió.
Sin embargo, para el Gobierno aragonés, el conflicto con la Administración central tan sólo está en su fase inicial. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, advir-tió ayer que hará "todo lo posible, con todas las armas legales", para que el PHN no se lleve acabo, señalando que la UE "exigirá el cumplimiento de su propia normativa".
Por otro lado, Matas censuró la participación del director de la Agencia Europea del Medio Ambiente, Domingo Jiménez Beltrán, en el proyecto alternativo de plan presentado por el PSOE. "Esto no se puede permitir; su cargo le obliga a ser imparcial, por encima de planteamientos políticos", dijo.